PSOE y Podemos siguen su cerco a Ferrovial y pactan medidas con Bildu para condicionar las ayudas públicas

La ley de industria es una incógnita si va a acabar llegando al Congreso tras muchos meses varada en el Consejo de Ministros. No obstante, el Gobierno sí que la ha usado en su cruzada contra Ferrovial. En una proposición no de ley (PNL) impulsada por Bildu (no es vinculante, pero sí refleja los posicionamientos de los grupos parlamentarios), PSOE y Podemos han acordado con los abertzales comprometerse a que en la norma de industria se condicione la recepción de apoyo y ayudas públicas por parte de las empresas a que «no haya reubicación o deslocalización de la actividad»: es decir, una medida dirigida contra Ferrovial, que ha cambiado su sede social para cotizar en la Bolsa de Estados Unidos, aunque a nadie se le escapa que también ha pesado el clima «antiempresas» que ha creado el Gobierno.

Según reza el documento, se establecerá en la ley «el reintegro del apoyo o las ayudas públicas recibidas de producirse» una deslocalización «durante un determinado periodo de tiempo, teniendo en cuenta la jurisprudencia y normativa de la Unión Europea». Además, en la propia PNL, las ayudas públicas también quedarán condicionadas al «mantenimiento del empleo». Sobre este segundo punto, también cabe recordar que el propio anteproyecto de ley de industria ya incorporaba la intención del Gobierno de blindar el empleo industrial, estableciendo que las empresas beneficiarias de ayudas públicas deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años, tres en caso de Pymes.

En cualquier caso, todo puede acabar quedando en papel mojado porque la tramitación de la ley de industria también requiere de un margen temporal amplio para que desfilen por el Congreso comparecientes afectados por la norma y la legislatura concluye, como máximo, el próximo 16 de octubre.

Durante el debate parlamentario de la PNL, celebrado el martes,, el diputado del PP, Víctor Píriz, fue muy crítico con las medidas pactadas entre el Gobierno y Bildu y con la actitud del Gobierno tras la salida de Ferrovial, con «declaraciones incendiarias» y, sobre todo, con Pedro Sánchez, que «lleva semanas dedicándose a señalar a empresas y empresarios, con nombres y apellidos, comportándose más como un hooligan que como el presidente de todos los españoles». «El principal problema es la falta de seguridad jurídica de las empresas», afirmó, tras recordar que hay casi 70000 empresas menos que en 2020 y la inversión extranjera está un 45%, por «debajo de la de 2018».