El conflicto laboral iniciado por los secretarios y subdirectores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la reforma aprobada por el Gobierno, que otorgó a los médicos inspectores del INSS la competencia para emitir altas médicas –entre los días 365 y 45 de duración de la baja–, ha «agravado la parálisis del organismo, que lejos de reducir la carga de trabajo y el número de procesos activos, se ha duplicado el retraso, al igual que en aquellos procesos que alcanzan o superan los 730 días», denuncian estos altos funcionarios, que califican esta medida de ineficaz y una de las razones principales que les ha llevado a realizar paros parciales desde el pasado mes de marzo para protestar y exigir soluciones al Ministerio que dirige Elma Saiz, a la que acusan de «dar la espalda a los problemas».

Según explica este colectivo de empleados públicos, el fracaso de esta medida está suponiendo un «incremento desmesurado del gasto público, así como de los costes salariales y de cotización para mutuas, empresas y trabajadores autónomos, que ya está dando lugar a la presentación por parte de algunas mutuas de expedientes de responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la gestión y control de la incapacidad temporal (IT)».

Además, denuncian el daño colateral del incremento del gasto en personal «provocado por la modificación selectiva y discriminatoria de la productividad para médicos evaluadores, que no ha logrado ninguno ni ahorro en el gasto en IT, ni la disminución de cargas de trabajo, ni un mejor control de la prestación». Y lo más preocupante para estos funcionarios es que, «pese a ser conscientes del fracaso y su impacto económico, el Ministerio no toma medidas correctoras». Además, creen que el objetivo real de la reforma es «controlar de forma centralizada lo que ya funcionaba de forma descentralizada y eficiente».

Fuentes ministeriales desestiman estos argumentos y manifestaron a la LA RAZÓN que «estamos abiertos a escuchar sus demandas. Hemos mantenido diversas reuniones con el colectivo convocante de la huelga, de poco más de 200 personas, de cara a su desconvocatoria, porque no existe en ningún caso la situación de caos que denuncian los huelguistas. Los datos aportados, aunque puedan parecer elevados en términos absolutos, pero no lo son si se tiene en cuenta el volumen de la gestión que tiene encomendada el INSS».

En este sentido, recuerdan que «el INSS maneja un presupuesto superior a 194.000 millones de euros, atiende a casi a 10 millones de ciudadanos y ciudadanas, gestiona más de 860.000 expedientes de pensiones, más de 480.000 expedientes de nacimiento y cuidado de menor, 320.000 nuevos asegurados de asistencia sanitaria; ha emitido más de cuatro millones de tarjetas sanitarias europeas, ocho millones de procesos de Incapacidad Temporal, 500.000 expedientes de IMV, entre otras tareas, además de seguir dando cobertura a más de 10 millones de pensionistas y más de dos millones de beneficiarios del IMV». Desde el Ministerio aducen que, «teniendo en cuenta este elevado volumen de gestión, las cifras que dan los huelguistas sobre retrasos o quejas, algunas de ellas inciertas son poco significativas y se mueven en los rangos habituales para cualquier prestación».