Julio Alcaide Inchausti (1921-2013), considerado el padre de la estadística española, explicaba a sus alumnos que «es imposible saber si el PIB es una décima más o menos». Muy creyente y ferviente católico practicante, comentaba que, al morirse, esperaba ir al cielo y que allí, al encontrarse con San Pedro, le expondría sus méritos y le preguntaría: «¿Me puede decir, por favor, de verdad, cuál es el PIB de España?».

El martes pasado, tras un anuncio previo de grandes novedades, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que había revisado el llamado «cuadro macroeconómico» y la previsión de crecimiento de la economía española para 2025, ¡en una décima!, ya que pasa del 2,6 al 2,7%.

El mismo día, y casi al mismo tiempo, el director general adjunto de Economía del Banco de España, Galo Nuño, presentaba las previsiones de la institución que gobierna, José Luis Escrivá, que también subían, en este caso dos décimas, hasta el 2,6%, algo por debajo de los cálculos del Gobierno.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, quizá –y sin quizá– el miembro más sólido del equipo ministerial, está convencido de que se ha quedado corto y habla de, «a estas alturas del año, una previsión prudente con respecto a lo que podemos esperar en este cierre de 2025». Es posible y, por supuesto, deseable.

Hasta ahora esa ha sido la táctica empleada, iniciada por su predecesora en el puesto, Nadia Calviño. Máxima cautela en los datos de previsiones para luego poder presumir de haberla mejorado una y otra vez. Nada que criticar, aunque el ministro también es consciente de que una décima más o menos de PIB, en la práctica, no significa nada y es imposible medirla con exactitud.

No obstante, es probable que Cuerpo haya tenido que pelear para no lanzar las campanas al vuelo y anunciar unos datos más optimistas, que es lo que deseaban en la Moncloa.

Pedro Sánchez, embarcado en cerrar la pinza con Santiago Abascal sobre Alberto Núñez Feijóo, insiste en que presentará los Presupuestos que la vice y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que ya prepara.

El presidente pretende que sean todo lo expansivos que sea posible, incluso más. «Expansivos» quiere decir, por si hay dudas, aumento notable del gasto. El propósito es doble. Por una parte, acusar a quienes no los apoyen, llegado el caso, de negarse a mejorar los fondos destinados a cuestiones sociales y, por otra, gastar más y regar con dinero a cuantos más mejor, en busca de futuros votos.

Por supuesto, obviará que la gran mayoría de los beneficiarios de esa política la pagarán ellos mismos con más impuestos. Es lo que ocurre en los últimos años ante el empecinamiento gubernamental en no deflactar –actualizar con la inflación– la tarifa del IRPF. Es lo que los expertos denominan subir la presión fiscal en frío, sobre todo a costa de los contribuyentes, pero sobre todo de los asalariados. Solo un dato, hasta julio los ingresos por IRPF crecieron un 12%.

El Gobierno, en cualquier caso, con y sin presupuestos, ya tiene decidido gastar más, en lo que queda de 2025 y en 2026. Tiene más recursos, gracias al aumento de la recaudación y a que todavía quedan sin gastar 30.000 millones de los fondos Next Generation.

Sin embargo, eso no impide que vuelva a crecer la deuda pública, que ya alcanzara en julio los 1,680 billones de euros, 63.000 millones más que un año antes. Es cierto que en porcentaje del PIB la deuda ha bajado algo, hasta el 102,3%, pero es un mero efecto estadístico.

Por otra parte, esa cifra descomunal es lo que se considera deuda, según los criterios de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) que contempla la Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen.

El total de los pasivos de las Administraciones Públicas españolas (AAPP), según datos del Banco de España, es todavía mayor, nada menos que 2,17 billones de euros, aunque 353.000 millones de esa cantidad son deudas entre «distintos subsectores de las AAP», entre las que está la deuda autonómica, incluida la que se va a condonar, que pasará a engrosar la estatal.

Las cuentas que dice que presentará la ministra Montero, se aprueben o no, tendrán que incluir una previsión de endeudamiento de entre 250.000 y 300.000 millones para el próximo año. Es el dinero necesario para pagar, en su momento, el vencimiento de la deuda en circulación y para pedir la nueva que se necesite.

El Gobierno, una vez más, en tiempos de una relativa bonanza –que es cierta, aunque magnificada–, descarta, como si fuera un anatema, la posibilidad de presentar unas cuentas sin déficit, algo que ahora sería posible, y prevé un crecimiento del gasto neto entre el 4,4 y el 5,1%, muy lejos del objetivo del 3,7 % al que se comprometió con Bruselas. Y eso va mas allá de la décima imposible de medir de Alcaide Inchausti.