Sánchez pincha también en la reforma eléctrica europea

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy su posición de cara a la negociación final de la reforma del mercado de la electricidad con el Consejo de la UE, donde aún no se ha consensuado un enfoque común entre los estados miembros.

La comisión parlamentaria de Industria, tras el acuerdo entre los grandes grupos mayoritarios (populares, socialistas, liberales y verdes) ha aprobado hoy por 55 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones el texto pactado previamente por los cuatro grupos políticos más grandes del Parlamento Europeo a partir del borrador elaborado por el negociador jefe para el expediente en la Eurocámara, el español Nicolás González Casares (PSOE), procedente del socialismo gallego y uno de los fieles de Sánchez desde que se hizo con las riendas del partido.

La reforma pretende adaptar el mercado de la electricidad a la era de las renovables con contratos estables y a largo plazo de precios asequibles, garanticen la seguridad de suministro e incentiven las inversiones.

El texto aprobado no es tan ambicioso como pretendía en su versión inicial González Casares. El ponente español defendía, por ejemplo, imponer un tope o límite a los ingresos de las tecnologías inframarginales, como las energías renovables.

Desde que arrancaron las negociaciones en 2022 y en particular desde que España asumió la Presidencia de la UE a principios de este mes, el Ministerio para la Transición Ecológica. que dirige Teresa Ribera, aspiraba a cambiar las reglas del actual sistema marginalista de formación de precios de la electricidad.

Sin embargo, a la vista del texto consensuado en el Parlamento y por el estado de las negociaciones en el Consejo, todo apunta a que la reforma tendrá un carácter transitorio, lejos de los planteamientos intervencionistas que han motivado en los últimos meses las críticas de otros Estados miembros y de patronales como Eurelectric, SolarPower Europe, WindEurope o BusinessEurope.

La Eurocámara mantiene la petición de mantener un tope de ingresos a las tecnologías marginalistas de 180 euros el megavatio-hora (MWh) en caso de crisis de precios profunda y prolongada -como en 2021 y 2022- y establece que los países de la UE prohibirán la desconexión de clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética.

Los eurodiputados también quieren prohibir las desconexiones durante los litigios judiciales o extrajudiciales entre el proveedor y los clientes durante un periodo de ocho semanas.

El acuerdo mantiene la energía nuclear en los Contratos por Diferencia (CfD), es decir, aquellos en los que el Estado acuerda con el generador un precio fijo de compraventa de electricidad en un plazo determinado y luego se devuelve la diferencia, en función de si el precio real ha sido más alto o más bajo que el estipulado.

El Parlamento Europeo quiere que los ingresos de estos contratos se dirijan a los consumidores vulnerables "de manera prioritaria", así como a financiar la transición energética, a compensar sus propios costes y, en situaciones de crisis, a financiar la industria electrointensiva.

La forma en que deberán aplicarse los CfD es el principal punto de fricción entre los países de la UE, que aún no han conseguido consensuar una posición conjunta para iniciar las negociaciones finales con la Eurocámara.

La principal complicación, que enfrenta a Alemania y Francia, radica en determinar quién recibirá esos ingresos extraordinarios y en establecer si esos contratos se aplicarán a las centrales nucleares ya existentes que extiendan su vida útil o amplíen su capacidad como quiere París.