Sánchez sube luz y gas y falla a los jóvenes, mayores y parados al negarles la gratuidad del transporte que prometió

El último Consejo de Ministros del año llegó como una última carta de los Reyes Magos del presidente del Gobierno y sus ministros –y ministras– tras aprobar por decreto ley el octavo paquete de medidas anticrisis, que ha rubricado la mayoría de medidas ya adelantadas, pero ha hecho decaer otras que parecían darse por hechas, al estar consensuadas entre los dos socios de Gobierno. Entre estas últimas está el primer incumplimiento de Pedro Sánchez a una de sus promesas de investidura de esta legislatura y el primer golpe al acuerdo con Sumar, tras dejar fuera del paquete de ayudas el transporte público gratuito generalizado para jóvenes, mayores y desempleados, que Sánchez anunció en noviembre pasado durante el debate de su investidura como presidente del Ejecutivo.

En su lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación un año más el descuento del 30% de los abonos de transporte público urbano e interurbano asumido por el Estado, un porcentaje que luego las comunidades autónomas han de completar hasta al menos el 50%. También se mantiene para todo 2024 la gratuidad aplicada desde septiembre de 2022 de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional, así como de las líneas de autobús también de titularidad estatal para viajeros habituales. Igualmente, se conservan los descuentos del 50% de los abonos Avant (media distancia ferroviaria a alta velocidad).

Sin embargo, en el paquete de ayudas aprobado ayer no se ha incluido la gratuidad de todo el transporte público que Sánchez dijo que se ofrecería a partir de enero de 2024 para los tres colectivos mencionados. ¿El motivo? Según fuentes gubernamentales, porque aplicar ese tipo de gratuidad generalizada del transporte urbano para determinados colectivos requeriría negociaciones con todas las comunidades autónomas y ayuntamientos, puesto que son titulares de las competencias correspondientes. Un proceso complejo que, no obstante, ya debía conocer el presidente del Gobierno el pasado mes de noviembre, cuando anunció esta medida.

Por otro lado, Sánchez también anunció la retirada progresiva de las rebajas fiscales a la luz y el gas. En el caso de la electricidad, el IVA pasará del 5 % actual al 10% durante todo 2024, en tanto que el impuesto especial de la electricidad lo hará del 0,5%, al 2,5% durante el primer trimestre de 2024 y en el 3,8% durante el segundo. respecto al impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica recuperará la mitad de sus tipos, el 3,5% hasta marzo, pasando al 5,25% hasta junio. El IVA del gas natural, por su parte, se situará en el 10% en los tres primeros meses de 2024, mientras que se mantendrá en ese mismo nivel para los combustibles de biomasa durante todo el ejercicio.

El PP ha afeado al presidente que, «mientras un 26% de la población está en riesgo de pobreza energética, el Gobierno sube los impuestos de la electricidad. Este supuesto Gobierno progresista debería tener mayor sensibilidad con esas familias que tienen menos renta y lo pasan peor». Sánchez tampoco ha accedido a incluir la carne y el pescado –como pedía el PP– en la rebaja del IVA de los alimentos y se ha limitado a mantener el 0% a los alimentos de primera necesidad y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta.

Ingreso Mínimo Vital

Entre los anuncios que no se esperaban está la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten, para equipararlas a las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido. También en materia de cesiones a las comunidades, los gravámenes a la banca y a las energéticas se integrarán en el régimen fiscal foral de las comunidades vasca y navarra. Así lo confirmó el PNV a través de un comunicado, en el que aseguró que se convertirán en impuestos integrados en el sistema tributario foral para poder ser cedidos –ya sea vía concierto o vía convenio– a los gobiernos del País Vasco y de Navarra.

[[H4:«Escudo social»]]

El llamado «escudo social» se mantendrá en su mayor parte. Así, se prorroga la suspensión durante 2024 de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Además, se mantendrán hasta el 30 de junio la prohibición de interrumpir por impago los suministros básicos de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas, la tarifa vecinal para comunidades con calefacción central de gas natural y la congelación del precio de la bombona de butano en 19,55 euros. También se amplía la prórroga del máximo descuento del bono social para familias vulnerables.

Medidas laborales

El Gobierno no ha podido consensuar la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que a partir del 1 de enero seguirán vigentes los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Pese a que Yolanda Díaz había cerrado con los agentes sociales incrementarlo en el 4%, la negativa de María Jesús Montero a actualizar los contratos públicos en igual porcentaje ha dinamitado la posibilidad de acuerdo. Además, el plan aprobado mantiene seis meses más que las empresas beneficiarias de ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos, y las que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas y que se beneficien de apoyo público anticrisis no podrán utilizar estas causas para realizar despidos. Asimismo, el Ejecutivo permitirá a los autónomos que apliquen el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de su actividad económica.

Medidas bancarias

Los bancos siguen bajo la lupa del Gobierno y, por eso, seguirán vigentes medidas como la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios a tipo variable y la conversión a tipo fijo. Además, se amplía la gratuidad a las conversiones de tipo variable a mixto, y se eleva el umbral de renta para poder acceder al código de buenas prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad, que pasa a ser 4,5 veces el Iprem, lo que supone que podrán acceder hogares con una renta anual de hasta aproximadamente 38.000 euros. Finalmente, Sánchez anunció una «medida inequívoca de justicia social» para referirse a la eliminación de las comisiones bancarias por retirada de efectivo en ventanilla para las personas con algún tipo de discapacidad y también para los mayores de 65 años.

El Gobierno defiende que éstas y el resto medidas del plan no afectarán al objetivo de déficit público del 3% del PIB en 2024, pero el coste de este paquete, por un valor de más de 4.000 millones, complicará cumplir con las nuevas reglas fiscales si los ingresos decrecen.