La sobrerregulación burocrática de la Administración cuesta 70.000 millones a empresas y hogares

La hiperregulación de las Administraciones Públicas y su excesivo intervencionismo institucional está generando «efectos adversos sobre la actividad económica al introducir ineficiencias en la asignación de recursos y desincentivar la inversión y la innovación, minando el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo empresarial». Así lo advierte el Instituto Juan de Mariana en su último informe «La curva de Laffer regulatoria», en el que advierte de que «de la misma forma que unos impuestos excesivamente altos minan el potencial recaudatorio, al destruir actividad económica, el exceso de regulación tiene consecuencias negativas que golpean de forma directa al crecimiento al bienestar de los ciudadanos».

Sus analistas califican la sobrerregulación como un «impuesto oculto» con un coste cercano a los 70.000 millones de euros, equivalente a 1.470 euros por ciudadano o 4.410 euros por hogar. Unas cifras que Daniel Lacalle elevó a 90.000 millones durante su intervención en la presentación del informe, en la que concretó que el coste en toda la Unión Europea roza el billón de euros. También señaló que el exceso de regulación tiene un impacto especialmente negativo en un país como España, «en el que el 80% del tejido son microempresas que no son capaces de crecer, porque cuando alcanzan una facturación de tres millones de euros renuncian a crecer porque ya no es beneficioso porque las normativas y la fiscalidad les ahogan».

En este sentido, el informe incide en que las trabas normativas y la burocracia «conducen a trámites redundantes, solapamientos normativos, demoras administrativas y un sinfín de circunstancias que desincentivan el emprendimiento, la inversión, la innovación y la generación de riqueza».

La nota cosechada por España en el Índice de Complejidad Regulatoria ha caído de 26,11 puntos en 2015 a 13,17 puntos en 2022, un desplome del 50%, que pone de manifiesto «la evolución a peor de nuestro marco normativo. De un total de 63 economías desarrolladas y emergentes, hemos pasado del puesto 50 a la antepenúltima posición del ranking», explican en el informe.

Estos expertos manifiestan con varios ejemplos que la sobrerregulación tiene un efecto destructor tanto en las empresas como en los hogares. Así, en el sector de la vivienda, la complejidad normativa y la lentitud administrativa hacen que el desarrollo de nueva vivienda en España tarde entre 10 y 14 años en aprobarse, lo que ha generado un déficit acumulado de 423.000 viviendas. A esto se suman cargas fiscales elevadas y regulaciones sobre el alquiler «que estrangulan la oferta y encarecen el acceso a la vivienda». Por otro lado, la Administración española aplica hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, situándose como el tercer país de la UE con más barreras al comercio minorista. El sector del retail y la distribución estima que «reducir estas barreras en un 10% generaría un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros».

Además, España ha aprobado seis veces más normas medioambientales que Francia, «sin obtener mejores resultados», ya que está por detrás en el índice de desempeño ambiental de Yale y emite más CO₂ por habitante y por unidad de PIB. También señalan que la llamada Ley Rider «ha resultado contraproducente», al caer el empleo en el sector un 7%, los salarios por hora un 3% y las horas trabajadas un 2,5%, o la nueva Ley del Medicamento, que ha recibido cerca de 400 alegaciones por su «opacidad en precios y falta de competencia». Además, España tarda más de 500 días en registrar nuevos fármacos, lo que sitúa a nuestro país como uno de los más lentos de la UE.

Para Gregorio Izquierdo, director del IEE, «los cambios regulatorios constantes incrementan el coste de financiación de las empresas, condiciona su planificación estratégica y frena la innovación, ya que las compañías dedican más recursos a la burocracia que desarrollar de su propia actividad». Asimismo, apuntó que «si se rebajaran un 25% las cargas regulatorias a las empresas se movilizarían recursos de inversión por valor de 50.000 millones».

El estudio muestra que las comunidades autónomas son las principales causantes de la carga regulatoria, sobre todo en Cataluña, la región con el exceso normativo más elevado de España. Si se ajustan las cifras según la riqueza regional o el tamaño de la economía local, comunidades como Madrid o País Vasco han tenido una evidente mejora de la actividad económica con menor regulación. Por tanto, el volumen normativo por cada 1.000 euros de renta per cápita es hasta cuatro veces mayor en Cataluña que en Madrid o el País Vasco.

Para Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, el exceso hiperregulatorio ha llevado a la «argentinización de la política española, intervencionista y

contraproducente».

Solo en los dos primeros meses del año, se han publicado en España normas que ocuparían las páginas de 40 quijotes.