Subir el diésel un 29% y el IVA para bajar un 7% la factura de la luz

La comisión de expertos en energía plantea una reforma fiscal para llevar a los Presupuestos del Estado 10.800 millones de euros de costes del recibo eléctrico.

La comisión de expertos encargada de analizar los posibles escenarios del sistema energético español de cara a los próximos años presentó ayer las conclusiones de su trabajo, poniendo en el punto de mira la fiscalidad como una de las herramientas clave «para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la Unión Europea en materia de cambio climático». En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales en el sentido de que «el que contamina paga». Los más perjudicados serían los usuarios del diésel, que podría encarecerse hasta un 28,6%. A cambio, las simulaciones de los expertos muestran que la factura eléctrica de los consumidores domésticos bajaría casi un 7%.

Desde el Ministerio de Energía señalan en cualquier caso que el informe de los expertos no plantea un único escenario válido, sino que analizan el impacto de diferentes variables y las posibles soluciones aplicables. Aunque consideran «lógico» avanzar de forma gradual en la imposición energética que recomiendan los expertos apuntan a una dificultad. «Estas medidas tendrían un problema, ya que si son adoptadas por un sólo país de la Unión Europea en particular pueden suponer una merma en su competitividad, puesto que puede provocar que las industrias se deslocalicen y que se vayan a otros países, y en lugar de dejar de emitir CO2, simplemente se emita en otro lugar», explicaron desde Energía.

El objetivo final de la reforma fiscal sería sacar de la factura eléctrica parte de los costes asociados, sobre todo por las primas a las renovables, la deuda del sistema y los costes extrapeninsulares. En total, unos 10.800 millones de euros que pasarían a financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado y que producirían un abaratamiento del 6,8% del precio de la luz. Para compensar estos gastos, sería necesario reforzar los impuestos medioambientales y un recargo a todas las energías finales. Esto se traduciría en un encarecimiento del gasóleo de automoción del 28,6%, que en el caso de la gasolina sería de sólo el 1,8%. El precio del gas natural aumentaría un 5,8%. Según el informe, estas alzas de los combustibles fósiles «son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual». Además, sería necesario subir el IVA de todos los productos, lo que llevaría al tipo general del 21% actual hasta el 22,3%.

Los expertos apuestan por aplicar reestricciones a estas medidas para, entre otras cosas, evitar los efectos negativos sobre colectivos sensibles, como los agricultores y los profesionales del transporte. Sin embargo, los transportistas de mercancías por carretera se han apresurado a rechazar el «brutal» aumento del precio del gasóleo que proponen los expertos para la transición energética, advirtiendo del impacto que supondría en las exportaciones españolas.

La reforma fiscal permitiría además eliminar el llamado «cargo transitorio» al autoconsumo eléctrico. Desde el Ministerio explican que mientras no se acometan los cambios, este cargo es «necesario» para no trasladar costes de unos consumidores a otros. En este sentido, los expertos cuantifican en 74,5 euros por MWh el coste para los consumidores que no generan su propia electricidad de eliminar este cargo sin antes llevar a cabo la reforma fiscal y de los peajes. Con todo, desde el Gobierno consideran que es preciso un debate más amplio a nivel político, ya que las propuestas fiscales de los expertos tienen consecuencias en otros ámbitos más allá del energético, afectando incluso al sistema de financiación autonómico.

Respecto a la futura composición del sistema energético español (el llamado «mix»), los expertos han simulado los distintos escenarios, con la conclusión de que toda la potencia que se incorpore será de origen renovable. Para el año 2050, creen que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a las instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento. El gas natural «jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050».

El cierre de las centrales nucleares tendría como resultado doblar las emisiones de CO2 del sector eléctrico en 2030 y un aumento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros anuales, lo que equivale a un alza del 20%. Por este motivo, desde el Gobierno señalaron su disposición a alcanzar «en breve» un consenso político para alargar la vida de las nucleares otros diez años. «Sería lo ideal», apuntaron desde Energía. Este asunto es uno de los que más urge, ya que en 2020 las primeras centrales llegarán a los 40 años de vida, el tope actual marcado para estas instalaciones.

En cuanto al carbón, los expertos asumen un escenario de precios muy elevados por las emisiones de CO2, lo que en la práctica implicaría que la generación térmica con carbón no fuese competitiva respecto al gas a partir de 2030. Para ese año, estima en 50 euros el coste de emisión de una tonelada de CO2, seis veces el precio actual. Para 2050, el coste se dispararía hasta 206 euros por tonelada. No obstante, el informe considera que el carbón podría seguir siendo competitivo si se mantiene el coste actual de emisión del CO2.