Ultimátum de la Comisión Europea a España para que impulse la conciliación laboral

La Comisión Europea ha expedientado a España por no haber adaptado en su ordenamiento jurídico la normativa europea sobre conciliación laboral que permite a los trabajadores poder solicitar permisos flexibles para cuidar de familiares.

Bruselas ha enviado un ultimátum a España para que, en el plazo de dos meses, conteste a los requerimientos de la Comisión Europea ya que nuestro país debería haber adoptado esta legislación desde el mes de agosto del año pasado.

Este aviso tiene la forma de dictamen motivado, el siguiente paso tras la apertura del procedimiento de infracción. En caso de que las autoridades españolas no respondan a las peticiones de la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario puede denunciar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE y éste puede acabar imponiendo una multa. Otros 11 países europeos han recibido este aviso por parte de la Comisión Europea.

Esta legislación otorga permisos parentales de «al menos cuatro meses» para cada uno de los progenitores de los que dos meses son retribuidos e intransferibles. Además, estos permisos pueden disfrutarse según las necesidades de cada familia a tiempo completo, parcial o en diferentes periodos.

Asimismo, los cuidadores de un miembro de la familia o una persona que viva en el mismo hogar tienen derecho a cinco días laborables al año para que puedan dedicarse a estas tareas de asistencia. Todos los padres de hijos menores de ocho años o que deban atender a una persona dependiente tienen también derecho a un horario de trabajo flexible.

Asimismo, esta directiva también otorga un permiso de paternidad de al menos diez días desde el nacimiento del hijo y uno de maternidad mínimo de 14 semanas, incluidas dos semanas de baja obligatoria. Las cortes están tramitando ahora la ley de familias que amplia los periodos de paternidad hasta seis semanas este año y ocho el que viene y también introduce medidas de conciliación.

Más procedimientos

Bruselas anunció también ayer otros dos procedimientos de infracción contra España. En uno de ellos, la Comisión da también un plazo de dos meses para que nuestro país incorpore en la legislación nacional las normas comunitarias que exigen a las firmas financieras incorporar factores de sostenibilidad para que las actividades que perjudican el cambio climático tengan más problemas para obtener financiación y el dinero se dirija a otro tipo de negocios respetuosos con el medio ambiente. Si España no mueve ficha, Bruselas puede denunciar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Además, ha dado otros dos meses a España para adoptar las normas europeas sobre los impuestos a los licores artesanos. El siguiente paso puede ser también una denuncia ante al alto tribunal europeo con sede en Luxemburgo. Esta directiva, que España no ha introducido en su ordenamiento jurídico, establece un sistema de certificado europeo para que los pequeños productores y aquellos que utilizan técnicas artesanales puedan optar a tipos reducidos de impuestos especiales en el mercado europeo, con el consiguiente beneficio para sus negocios.