Una reducción del déficit

- Esta reducción de sobrecostes en 723 millones de euros, ¿qué supone para la Administración?

–La costumbre de las obras públicas en España era que las constructoras presentaban sus proyectos de licitación casi a precio de coste. Sin embargo, a lo largo de la construcción hacían los reformados, es decir, decían que tenían que mejorar determinados aspectos del proyecto e incrementaban su valor. Conseguir reducir esta cifra de sobrecostes convierte a la Administración en una entidad más sana y disciplinada.

- ¿Qué consecuencias tiene en la economía?

–Supone reducir en más de 700 millones de euros el déficit público y que se pueda cumplir el objetivo de déficit establecido por la UE, que está fijado en el 5,5%. Asimismo, permitirá reducir los impuestos, una medida que ha llevado a cabo el Gobierno y que se traduce en un aumento del consumo por parte de los ciudadanos, o bien, aumentar los gastos en prestaciones sociales, lo que supondría un aumento de la cobertura para las personas más necesitadas.

- ¿Este descenso de los sobrecostes se debe a una menor inversión en infraestructuras?

–Esa reducción indica que las infraestructuras previstas han contado con menos dinero, pero no tiene nada que ver con el mayor o menor incremento de la inversión. En definitiva, el descenso de los sobrecostes se ha producido porque se ha logrado que casi no se realicen los reformados.

- ¿Qué ventajas pueden suponer una limitación de las bajas temerarias y las alzas?

–De alguna forma permite regularizar el mercado real de licitación y obras públicas.

Antes la gente esperaba al aumento de los reformados, y ahora las empresas van a cobrar al precio que realmente quieren obtener al final. Esto permite reducir la desviación presupuestaria para el futuro y que los presupuestos sean más reales.

- Con la Ley de Trasparencia aprobada en diciembre, por la que todas las administraciones deberán publicar los modificados, ¿cree que se logrará reducir más los sobrecostes?

–El problema es que es una costumbre de la obra pública española. De hecho, cuando las constructoras iban al extranjero, podían tener problemas e incluso, a alguna la han eliminado a mitad de proyecto por elevar el precio de los costes. Por tanto, esta reducción es buena para la economía española y para que las empresas compitan de forma más rigurosa en el extranjero, pues es más importante la transparencia que el ahorro de la Administración.

*Profesor del IESE