La vivienda, epicentro de la desigualdad en España: se ha convertido en un "agujero negro" que bloquea el progreso social, avisa el CES

En un contexto económico marcado por la recuperación del empleo y el crecimiento del PIB, España arrastra un problema estructural que obstaculiza el bienestar social: el acceso a la vivienda. Así lo denuncia el Consejo Económico y Social (CES) en su "Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral" de 2024, donde alerta de que este problema se ha convertido en un "agujero negro" que absorbe buena parte de los beneficios económicos y bloquea el progreso social, especialmente entre los sectores más vulnerables.

Antón Costas, presidente del CES, no duda en calificar la vivienda como "el principal cuello de botella" del sistema. En su opinión, pese a los buenos datos macroeconómicos de 2024, estos logros no se han traducido en una mejora real y equitativa de las condiciones de vida. "El crecimiento económico por sí solo ya no trae prosperidad para todos", sentencia Costas.

La falta de vivienda asequible afecta con especial dureza a los jóvenes, para los que se ha convertido en una "barrera estructural", señala el presidente de la comisión de trabajo para la elaboración de la memoria, José Ignacio Conde-Ruiz. Según el informe del CES, el 90% considera que el alto coste del alquiler es la principal barrera para independizarse, lo que ha retrasado la edad de emancipación hasta los 30 años, frente a los 26,2 años de media en Europa.

A ello se suma el escaso peso de la vivienda social en España, que apenas representa el 3,3% del parque total -muy lejos del 9,3% europeo-. Para alcanzar ese estándar, harían falta unas 850.000 viviendas adicionales. "En España tuvimos políticas de vivienda bien orientadas, pero las dimos en propiedad. Se trata de hacer el esfuerzo que se hizo en años anteriores, pero ya no en propiedad, sino en alquiler social para jóvenes y familias vulnerables", apunta José Ignacio Conde-Ruiz

La Ley de Vivienda, que se ha caracterizado por su despliegue desigual entre territorios, no ha conseguido atajar el desajuste entre una demanda creciente y una oferta menguante. En este sentido, Costas considera que las medidas que se están tomando en materia de vivienda están bien orientadas para movilizar stock, pero son únicamente paliativas. Así, el presidente del CES asegura que la única solución para la vivienda es reformar la Ley del Suelo para que se facilite de forma rápida la puesta en disposición de ese activo "básico" y necesario para movilizar vivienda, que desde el CES calculan en una necesidad de 150.000 viviendas al año, un poco más en los primeros años, para alcanzar una "velocidad de crucero" que solo se puede alcanzar con colaboración público-privada.

El resultado de no haber solventado a tiempo el problema de la vivienda es una brecha cada vez mayor entre quienes pueden acceder a una propiedad y quienes viven de alquiler, situación que agrava las desigualdades sociales, económicas y de género. Es decir, quien vive de alquiler, tiene más posibilidad de sufrir pobreza o situaciones de necesidad que quien ha accedido a la vivienda en propiedad. De hecho, Costas apunta a la vivienda como uno de los factores que han empeorado la pobreza infantil.

A cierre de 2024, el 34,7% de los menores de 16 años estaba en riesgo de pobreza, 10 puntos por encima de la media europea, un porcentaje que sube al 50% para los hogares monoparentales con mujeres al frente y al 54% para la población inmigrante extracomunitaria. Todo ello pese a que la renta disponible por hogar aumentó un 8,2%.

El informe destaca que más de una cuarta parte de la población se encontraba en situación de riesgo de pobreza y exclusión social en 2024, incluyendo al 16,3% de la población ocupada. Es decir, uno de cada seis españoles que trabajaba estaba en riesgo de pobreza el año pasado.

Este dato evidencia que, ante el encarecimiento de la vida, el salario ya no es garantía de solvencia económica. El año pasado más de la mitad de los hogares llegaban a fin de mes de manera ajustada, y casi uno de cada 10 lo hacía con grandes dificultades. Además, aunque disminuyeron las situaciones de pobreza más severa, más de medio millón de hogares carecían de ingresos de origen laboral "lo que confirma la persistencia de situaciones de precariedad estructural que reclaman mayor atención", subraya el Consejo Económico y Social.

En 2024, España cerró con una tasa del 10,6% y un paro juvenil del 25,2%, los más altos de Europa. El desempleo de larga duración entre los mayores de 55 años y las elevadas tasas de paro femenino también destacan como fallos estructurales de un mercado laboral que, pese a crear empleo, no logra reducir las desigualdades.

El problema de la pobreza no solo tiene que ver con el empleo precario, el desempleo y la vivienda, sino también con el acceso a prestaciones. Según el informe, el 73% de los hogares que podrían recibir el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) no lo hacen, al igual que el 56% de quienes podrían beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital. Las razones van desde el desconocimiento hasta el miedo a cometer errores administrativos.