Habrá reforma vía real decreto del registro horario en las empresas aunque no salga adelante la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz prepara ya un «plan B» para intentar salvaguardar parte de su polémica reforma de la reducción de jornada, en previsión de que decaiga en el Parlamento al no contar con apoyos suficientes –tras reiterar Junts su rechazo–. Así, la ministra de Trabajo confirmó ayer en laSexta que pretende aprobar el endurecimiento del registro horario de las empresas. Quiere aumentar el control ministerial sobre las empresas con el endurecimiento de las condiciones del registro de jornada para que sea «accesible e interoperable», para que el Ministerio que dirige tenga una «medición real» de las horas de trabajo, ponga coto a las horas extras sin retribuir, obligue a las empresas a pagarlas, e incluso, baraja ampliar el cuadro de sanciones a quien lo incumpla.

Para ello, la vicepresidenta segunda quiere que esta reforma se incluya en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, el que regula las horas extraordinarias, y que se apruebe con un real decreto porque el control horario tiene «rango reglamentario» y se aplicaría directamente. Este atajo tomado por la ministra podría llevarse al Consejo de Ministros inmediatamente después de que la reducción de jornada no haya superado la votación en el Congreso, si finalmente el Gobierno no convence a todos sus socios.

Díaz pretende que el nuevo sistema de control horario sea digital, no manipulable e interoperable por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en tiempo real, porque que el registro horario actual «no funciona. En ocasiones se obliga al empleado a firmar en blanco y eso es ilegal. Por eso, la clave no solo es aprobar la reducción de la jornada laboral, sino que se cumpla».

Con el nuevo sistema pretende regularizar la totalidad de horas extras que se realizan pero que no son retribuidas. Son en torno a 2,5 de horas semanales y afectan a 460.000 asalariados –del total de 18 millones de asalariados–, que estarían dejando de cobrar más de cinco horas extra por semana, según datos obtenidos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Por tanto, al año se quedarían fuera del control oficial 130 millones de horas, que acercaría su coste en términos de salario bruto y cotizaciones sociales a los 3.300 millones de euros, unos 140 euros de media a la semana por empleado, que significarían casi de 7.200 euros al año.

Desde CC OO recuerdan que en España el 5% de la población asalariada –cerca de 900.000 empleados– realiza horas extra durante la semana, de los que casi el 50% no ha recibido contraprestación en forma de salario o descanso. Es decir, que el 2,4% trabaja semanalmente horas extras no pagadas, de las que el 40% «no se cotizan, no se pagan ni se compensan con descanso». Según sus cálculos, el volumen de horas extra trabajadas equivaldría a crear 170.000 empleos a jornada completa, 70.000 de los cuales corresponden a las horas extra no pagadas.

Díaz acusa a la patronal CEOE de ser el principal obstáculo para la aprobación de la reducción de jornada por su negativa a que haya un control absoluto con el registro horario. «Es muy importante que se sepa. La razón fundamental de los opositores de la reducción de la jornada laboral no es la reducción horaria. Es el control del registro horario». En su opinión, es «muy grave» que las patronales vayan haciendo «un llamamiento a la insumisión», diciendo que los partidos voten en contra del proyecto de ley de las 37,5 horas. Para la ministra, la clave no sólo es la reducción de la jornada laboral, sino «que se cumplan con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Es que las formaciones políticas, las que sean, o la patronal española, no va a respetar la fuente de derecho europeo que ese Tribunal?».

La respuesta de la CEOE no se hizo esperar. Su presidente, Antonio Garamendi, afeó ayer a Díaz que se haya empeñado en no negociar. «No sé que negociación hay que hacer cuando directamente dicen que este es el final de la negociación» expresó, tras volver a denunciar que aprobar tanto la reducción de jornada es «malísimo» para España, especialmente para las empresas más pequeñas. «Sería desastroso para el empleo y especialmente para las microempresas».