Un Gobierno que España no se merece

El pasado 13 de enero tomó posesión el Gobierno de Pedro Sánchez como resultado de la coalición formada con Pablo Iglesias, hace ahora cien días. Un total de 18 ministros prometieron la Constitución ante el Rey, más cuatro vicepresidentes, lo que suma un Consejo de 23 miembros, una masificación no motivada por cuestiones operativas para desarrollar el programa acordado, sino para dar acomodo a los miembros de Unidas Podemos, duplicando en muchos casos los departamentos y, en otros, vaciándolos de contenido aunque les permita disponer de resortes de la Administración y del Estado. El mayor riesgo del gabinete se ha cumplido con creces, y no porque no se supiese, si no porque era consustancial a la alianza con un grupo como UP: hay dos gobiernos. Uno, el que representa los estrategas de La Moncloa y un sanedrín de asesores; otro, el que dirige Iglesias para aplicar un programa doctrinal e ideológico que, ahora, frente al escenario marcado por la epidemia del coronavirus, se revela como una buena oportunidad para desarrollar políticas intervencionistas, de nacionalización si se pudiese y de control y censura de los medios de comunicación.

Como tal, no hay Gobierno porque no hay programa alguno, no porque la epidemia lo haya trastocado todo, sino porque desde un principio se constituyó como una suma de apoyos del todo imposible para asegurar la gobernabilidad. ¿Alguien cree que Sánchez aceptará las peticiones del independentismo de celebrar un referéndum de autodeterminación o de aplicar medidas de gracia a los presos golpistas? Tal vez no en los términos que reclaman sus interlocutores de la Generalitat, pero sí en disponer de un nuevo Estatuto y, sobre todo, una fiscalidad diferenciada. El nacionalismo se define por arrebatar soberanía a los españoles. El programa de Podemos se conocía, pero Sánchez estaba dispuesto a correr el riesgo de contar con esos apoyos para seguir en La Moncloa, aunque supusiera herir el pacto constitucional y situar en el centro del tablero el cambio de régimen. Iglesias, al igual que el independentismo, ha elegido la figura del Rey para centrar sus ataques al «régimen del 78», como así ha hecho en momentos especialmente señalados, sin encontrar la Monarquía parlamentaria una defensa desde la presidencia del Gobierno.

Toda la energía política de Sánchez se invirtió en constituir una mesa de diálogo con el independentismo, al que reconocía como sujeto del ataque más grave que ha sufrido el orden constitucional y abandonando, de nuevo, a la mitad de los ciudadanos de Cataluña, que veía como el Gobierno de España dejaba de representarles. Hoy, los graves incidentes violentos de otoño de 2019 parecen lejanos, pero supuso otro intento –y no será el último– de imponer a la fuerza la segregación política precisamente por los que apoyan a Sánchez para seguir en La Moncloa. Es una situación esperpéntica si en ello no estuviera en juego el futuro de nuestro progreso colectivo. En eso se resume el Gobierno de Sánchez hasta la llegada de la epidemia del Covid-19, crisis en la que ha demostrado estar desbordado en todo momento. La ausencia de un Ejecutivo fuerte, cohesionado, con objetivos comunes y el interés por encima de todo de la gobernabilidad ha impedido que actuase con previsión. No es un Gobierno para los españoles, sino para los intereses de un partido que ya nadie reconoce, el viejo PSOE. Sin embargo, se ha enzarzado en una guerra de protagonismo con Iglesias y, en estas últimas semanas, en provocar un debate tóxico sobre la libertad de expresión y de prensa escondiéndose en una guerra contra los bulos. El Gobierno ha actuado en esta crisis como reflejo exacto de su propia constitución y debilidad. El crítico momento que vive España obliga a una rectificación.