Hay que parar el desatino de la Diada

Es intolerable que se alcen los intereses políticos de una minoría iluminada por encima de la protección de la salud pública, entre el silencio culposo de la delegación del Gobierno en Cataluña»

Si bien durante la última semana ha bajado algo el ritmo de nuevos contagios por coronavirus en Cataluña, lo cierto es que la situación está lejos de ser halagüeña, especialmente en las provincias de Barcelona y Lérida. Así, según los datos de la Consejería de Sanidad, ayer, domingo, se habían detectado 1.116 infectados más en la región, había 690 enfermos en planta, otros 123 en UCI y 24 personas más habían fallecido. Tanto la tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes, que se eleva a 88,24, como el índice de riesgo de rebrotes, por encima de los 180 puntos, se sale ampliamente de las recomendaciones de la OMS y, en consecuencia, la Generalitat mantiene las medidas restrictivas a la movilidad y al derecho de reunión, entre las que se encuentra la prohibición de celebrar reuniones de más de diez personas.

En estas circunstancias, que el gobierno autónomo que preside Joaquín Torra autorice un centenar de concentraciones a lo largo y ancho del territorio con motivo de la Diada no sólo escapa al sentido común, sino que supone plantar una de esas «bombas biológicas» a las que con tan poca fortuna se refirió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cuando pretendió justificar sus malos números atacando a la Comunidad de Madrid. Supone, también, saltarse a la torera las propias normas dictadas, nada, sin embargo, que suponga novedad en la trayectoria última de los independentistas catalanes, para quienes el objetivo final de la secesión justifica cualquier dislate político, por más que ponga en riesgo la salud de sus administrados.

Pareciera que este país nuestro es incapaz de aprender de sus errores. Que desde la izquierda española y los terminales gubernamentales se haya tratado por todos lo medios de tapar la increíble negligencia que supuso autorizar y alentar de las manifestaciones feministas del 8 de marzo, no significa que la realidad se imponga al voluntarismo. Y con lo que hemos visto durante los meses de julio y agosto, cuando el Gobierno que preside Pedro Sánchez dio por vencida la pandemia y desapareció, pretender que en reuniones de miles de personas –solo en Barcelona las asociaciones separatistas prevén cuatro concentraciones, hasta 10.000 participantes– es posible guardar las medias de seguridad revela estulticia, sino fuera porque raya la acción criminal.

Porque, es preciso señalarlo, las manifestaciones previstas, más allá de su intencionalidad política, que no entramos a valorar, se van a producir en pleno proceso de retorno del curso escolar, cuando más necesario se antoja extremar las precauciones. Así, pues, tenemos un caso claro de imprudencia culposa y una convocatoria que se sale claramente de las propias normas de sanidad dictadas por la Generalitat lo que, en principio, obligaría a actuar a la delegación del Gobierno en Cataluña. Pero, al menos hasta ayer, ni la delegada gubernamental, la veterana socialista Teresa Cunillera, que no podrá eximirse en la falta de experiencia a la hora de desempeñar un cargo público, ni nadie del Ejecutivo ha abierto la boca para señalar la evidencia del riesgo añadido para la población que vive en Cataluña, y no sólo, puesto que no es necesario glosar la imbricación de una ciudad como Barcelona con el resto de España. Si nuestro país se ha convertido en el que más casos de Covid-19 registra de entre toda la Unión Europea no es sólo por circunstancias del destino, sino por errores propios. Pero lo que nos parece intolerable es que se alcen los intereses políticos de una minoría iluminada por encima de la protección de la salud pública. Debe la delegación del Gobierno, actuando de manera subsidiaria, como establece nuestro ordenamiento jurídico, impedir este desatino. Porque, Dios no lo quiera, si la pandemia se nos vuelve a ir de las manos, Cunillera no podrá decir que no estaba advertida.