La dejadez de la Generalitat tiene un límite

Salvando algunos casos ejemplares, el empresariado catalán asistió paralizado al acoso del independentismo, incrédulo ante el desmantelamiento del pacto civil –Estatut y Constitución– que aseguró los mejores años de convivencia y prosperidad y, finalmente, resignado ante la decadencia política, social y económica en la que podría entrar Cataluña si sus dirigentes políticos instalados en la Generalitat perseveran en su intención de romper con el conjunto de España y, por extensión, con la Unión Europea. La respuesta que las asociaciones empresariales catalanas dieron ayer ante los actos de violencia que han tenido lugar en las calles de Barcelona con la irresponsable compresión de los partidos que gobiernan en la Generalitat está a la altura de la gravedad de los hechos, la ruptura de la convivencia y del deterioro que la economía catalana está sufriendo. Las primeras palabras del manifiesto, «¡Basta, ya!», leído por el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, es claro y expresa un sentimiento colectivo de frustración, de hartazgo: «Los ciudadanos catalanes, y también los empresarios, estamos agotados». Justamente tras celebrarse las elecciones del 14-F y ante la necesidad de constituirse cuanto antes un nuevo gobierno en Cataluña que desbloquee la situación y la saque de la quimera independentista, cuando la pandemia del coronavirus ha castigado la economía, cuando es necesario cohesionar un país para afrontar la recuperación, la Generalitat se dedica a jalear a los violentos –en nombre de la libertad de expresión y de la imperfecta democracia española– y a maltratar al tejido comercial que en estos momentos sufre, además, el cierre de sus establecimientos y una crisis agonizante. El daño no es sólo a la imagen de Cataluña ante futuros inversores, que es evidente, sino a cualquier posibilidad de diálogo que frene la inestabilidad política surgida de un gobierno independentista cuyo objetivo principal es el choque frontal con el Estado.

Cuando los empresarios tienen que hacer un llamamiento al gobierno de la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona y al resto de autoridades de Cataluña para que «ejerzan su autoridad democrática y sus responsabilidades sin complejos, con el fin de recuperar la convivencia y la paz en nuestras calles» es que ya asistimos a una degeneración política cuyas consecuencias dañarán irremediablemente a su tejido productivo. No son hechos aislados, sino datos objetivos que los empresarios conocen muy bien: la marcha de miles de empresas de Cataluña, la falta de confianza de los inversores, el incremento del paro por encima de la media española y la inacción de la Generalitat ante el cierre de empresas –Nissan y, hace unos día, Bosch– sin alternativa productiva. Hay demasiado en juego como para dejarlo todo en manos de unos dirigentes políticos irresponsables.