Aragonés coquetea con la prevaricación

Aduce el presidente de la Generalitat de Cataluña que las investigaciones del Tribunal de Cuentas impiden el libre ejercicio del cargo público y, en consecuencia, ha puesto en marcha un complejo mecanismo presupuestario para cubrir económicamente a quienes, según todos los indicios, emplearon fondos públicos, es decir, el dinero de nuestros impuestos, para promover una campaña en el exterior que, entre otros objetivos, tenía la finalidad de desprestigiar a la democracia española, retratándola como una excrecencia franquista que aherrojaba a una parte de sus ciudadanos.

En total, esa campaña de venta exterior del referéndum ilegal costó 5.4 millones de euros, que es el dinero detectado por el Tribunal de Cuentas y la cantidad que se reclama solidariamente a los 34 cargos de la Generalitat encausados. Esta es la situación, pero, una vez más, desde el gobierno catalán se intenta confundir a la opinión pública mediante la habitual estrategia de los nacionalistas de plantear una premisa falsa que, naturalmente, lleva a una conclusión sofista. Así, cuando la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, afirma que «ningún servidor público debe verse perjudicado por el ejercicio de sus funciones», obvia el hecho de que no entra en las funciones de ningún servidor público ni la promoción de un acto ilegal, contrario al ordenamiento constitucional, ni la realización de campañas de «propaganda negra» contra su propio país. De ahí, que roce el fraude de ley y, por lo tanto, la prevaricación, hacer recaer las consecuencias económicas de unos actos ilícitos sobre los bolsillos de los propios perjudicados, que son los ciudadanos, cuyos legítimos intereses está obligado a defender el poder político.

Y, una vez más, los dirigentes nacionalista catalanes, que se consideran por encima de la leyes que rigen a todos los españoles, desprecian las advertencias de los tribunales y se aventuran en la arbitrariedad. Cuando, como es inevitable, les caiga el peso de la ley, se arriscarán y tratarán de totalitarias a las instituciones del Estado que, no lo olvidemos, están obligados a respetar y defender, en cuanto de ellas mismas procede la legitimidad de los cargos públicos que desempeñan. También el Gobierno ha advertido contra esta operación de ingeniería jurídica que ha puesto en marcha la Generalitat, implicando a una entidad de crédito, por cierto, sujeta a las normas bancarias como las demás, pero, al parecer, el president Aragonés prefiere los riesgos de jugar en el alambre.