El uranio, culmen de las trolas sanchistas

El pleito que mantienen en el Banco Mundial la minera australiana Berkeley y el Gobierno español a cuenta de una explotación de uranio salmantina supone la enmienda a la totalidad del discurso sanchista sobre su estrategia energética, especialmente, en lo que se refiere al cierre arbitrario de las centrales nucleares. Tanto el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como varios de sus ministros, entre ellos la de Transición Ecológica, Sara Aagesen, han justificado la decisión de prescindir de los siete reactores nucleares en una supuesta dependencia exterior del uranio, condicionante que, por una ignota razón, no reza para el gas natural importado que alimenta las centrales de ciclo combinado, aunque haya habido que importarlo de Rusia, financiando la agresiva política exterior de Putin.

Pero ya conocemos la capacidad gubernamental para afirmar una cosa y su contraria, sin que se le mueva un músculo a los portavoces oficiales. Pues bien, frente a la insistencia en que España carece de reservas propias de uranio, el pleito en curso, por el que la firma australiana reclama más de 900 millones de euros al Estado español, incide en los informes técnicos de la mina salmantina de Retortillo, cuya explotación ha sido vetada por decisión del Gobierno junto con la mayor parte de la industria minera del país, que mantienen que el yacimiento tiene reservas de uranio para cubrir las necesidades de la industria nuclear española durante los próximos quince años y, además, exportar hasta el 10 por ciento del consumo europeo de este mineral.

Con independencia del resultado del arbitraje del Banco Mundial, parece imperativo que la opinión pública española entienda el alcance de las políticas medioambientales de los gobiernos socialistas, en línea, todo hay que decirlo, con la estrategia de descarbonización de la Comisión Europea, que no sólo se limitan a las fuentes de generación eléctrica, sino que alcanza a las restricciones sobre nuevas explotaciones mineras, la gestión de los recursos hídricos, el desmantelamiento de obras hidráulicas para la restauración natural de los ríos, la mayor exigencia de las calificaciones inmobiliarias, la gestión urbanística del territorio o la prohibición en plazo de los vehículos particulares que utilizan combustibles fósiles.

Se argüirá que se trata de una estrategia global adecuada para enfrentar la amenaza del calentamiento global y podría ser cierto si muchas de las decisiones adoptadas, como el cierre de las nucleares, que atacan a una fuente de generación que no emite CO2, no fueran contradictorias con el objetivo declarado a conseguir. La realidad, más evidente tras el despliegue de la propaganda sanchista tras el apagón, es que nos hallamos ante unas políticas ecologistas muy extremadas que lastran el futuro industrial español y que, en buena parte, se sustentan en la desinformación.