Una ley contra la concordia

El Gobierno ha aprobado la ley de Memoria Democrática, que es otro esfuerzo de la izquierda por instrumentalizar el pasado, que arrancó con la de Memoria Histórica. Presentada por el ministro Félix Bolaños, se crea el delito de apología del franquismo, que servirá para cerrar la Fundación Francisco Franco y similares, se resignificará el Valle de los Caídos y expulsará a la congregación benedictina, se promoverá investigaciones penales sobre hechos anteriores a la Constitución y se integrará la Memoria Democrática en los currículos escolares, entre otras pretensiones. Bolaños ha ejercido como defensor de un proyecto que, a su juicio, nos equipara con Europa y cumple con los cuatro principios que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria. La sagacidad y competencia del ministro no pueden, sin embargo, por mor de la retórica ducha, convertir un texto profundamente nocivo en un instrumento mínimamente presentable. Hallar un atisbo de rigor historicista y de probidad intelectual es una tarea imposible. En realidad, el articulado nos distancia de Europa, porque confronta y separa a los españoles en buenos y malos, es una verdad de parte, intencionadamente injusta, nada repara más allá de la estrategia del Gobierno y sus aliados y abona una memoria menguante, retorcida y profusamente amnésica. Hay abundancia de razones para rechazar esta ley innecesaria y ajena al interés general de un país embestido por una crisis sanitaria y económica brutal, que había protagonizado un ejemplar proceso de reconciliación tras una tragedia nacional que ahora se pretende dinamitar al servicio del proyecto de poder de Sánchez y los enemigos de la España constitucional. Es un deber moral oponerse a ella porque recupera la idea de las dos Españas, la discordia y el odio, es revanchista y guerracivilista e impone un pensamiento único excluyente desde el revisionismo y la desfiguración sesgada. Es reprochable además por liberticida, censora, antijurídica y anticonstitucional al atacar la libertad de expresión, opinión e ideológica e intentar desactivar la Ley de Amnistía en una cruzada contra el disidente al dogmático parecer de Moncloa. Y luego está la hipocresía del Ejecutivo que decreta la caza del franquista, pero rehúye tildar de dictadura a Cuba y blanquea cuando no abraza al comunismo, el supremacismo y el filoterrorismo. Retuerce el pasado para escribir el futuro y de paso no rendir cuentas en el presente por una gestión aciaga.