Una ley vacía, pero que provoca daños

Parece un hecho que el acuerdo entre los dos socios de gobierno para implementar una ley de la Vivienda de corte radical responde más a la urgencia de La Moncloa en asegurarse los apoyos a sus nuevos Presupuestos que a la voluntad política de llevar a cabo una reforma a fondo del mercado del alquiler, al menos, en lo que se refiere al sector socialista del Ejecutivo, muy consciente, como hoy publica LA RAZÓN, de que sólo la actualización de las llamadas «zonas tensionadas», sobre las que se debe aplicar la nueva normativa va a suponer un proceso de más de 18 meses, es decir, cuando ya se hayan celebrado las próximas elecciones generales. Si a la extensión del plazo, que en estos tiempos volátiles se antoja de final muy lejano, unimos que el éxito o fracaso de la medida va a depender de la colaboración de los gobiernos autonómicos y de los grandes ayuntamientos, la mayoría de los cuales, incluso, los de obediencia socialista, han recibido la reforma con un entusiasmo perfectamente descriptible, se entenderá la afirmación de que la ley nace vacía. Pero ello no significa que sea inocua. Desde el sector socialista del Gobierno, con ministros como Nadia Calviño, Raquel Sánchez, Félix Bolaños y María Jesús Montero, se argumentaba en contra de una iniciativa nada original, que en aquellos lugares donde se ha aplicado no sólo no ha conseguido el fin propuesto, sino que, en muchos casos, ha dado al traste con el mercado del alquiler, tensionado los precios de la compra de vivienda y generado un mercado negro, que, como siempre, perjudica a los más necesitados. Que grandes fortunas alemanas disfruten de precios de arrendamiento bajos en las mejores zonas de Berlín es el paradigma de las consecuencias de esas políticas demagógicas de la izquierda. Daños que hay que extender a la pérdida de confianza de los grandes inversores extranjeros en un sistema económico sin suficiente seguridad jurídica, lo que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a asegurar a los directivos de las firmas que manejan los grandes fondos de inversión que no entraba en sus planes intervenir el mercado de los alquileres. Sin duda, alguna contrapartida había que entregar a los socios de Unidas Podemos que pudieran presentar a su parroquia para justificar el apoyo a unas cuentas públicas que muy poco tienen de revolucionarias, por más que tiren de la barra libre de gasto y de mayor imposición fiscal, pero es una lástima el tiempo perdido en una ley fallida, mientras no se aborda de una vez por todas la verdadera reforma de las leyes de suelo restrictivas, en manos de las comunidades autónomas, y de la sobrecarga de burocracia y normas de todo tipo que lastran el mercado inmobiliario. Por supuesto, nadie en su sano juicio habla de un desarrollo salvaje que pase por encima de valores medio ambientales o sociales, pero sí de agilizar la construcción de nuevas viviendas, para compra o alquiler, porque ampliando la oferta es la mejor forma de dar satisfacción a la demanda y de cumplir la Constitución.