Afán recaudatorio bajo excusas frívolas

La imposición de peajes en las llamadas «vías de alta capacidad», que, en España, son las únicas que pueden utilizar con seguridad los conductores, una vez que se desdoblaron las principales carreteras nacionales, supone aplicar una vuelta de tuerca más al ya excesivo esfuerzo fiscal que realizan los españoles, uno de los más altos de la OCDE, puesto que su repercusión en los costes del transporte de mercancías por carretera tendrá que ser asumido por el consumidor final, so pena que se pretenda su enjuague por la vía de la reducción de unos salarios tan bajos, que están expulsando del sector a las nuevas generaciones.

Por ello, no es de extrañar que un partido populista como Unidas Podemos, entusiasta de las subidas de impuestos «a los ricos», haya advertido a su socios de gobierno de su oposición a una medida impopular y de muy difícil justificación, que, además, es claramente discriminatoria por razón de renta. Pareciera, dicho sea de paso, que, tras la aprobación formal de los Presupuestos Generales, los partidos que conforman la coalición parlamentaria que sustenta al Ejecutivo estuvieran marcando sus espacios políticos de cara a un sospechado adelanto electoral.

En cualquier caso, nos hallamos ante una pretensión meramente recaudatoria, bajo la excusa de corregir un déficit de 8.000 millones de euros en el mantenimiento de la red vial, cuando sólo en la imposición directa a la tenencia y uso del automóvil, incluidas las tasas especiales al combustible, la hacienda pública ingresa más de treinta mil millones de euros anuales. No es fácil calcular cuál es el margen de explotación fiscal que todavía es capaz de absorber el sector, pero nada más irresponsable que cargar sobre el transporte de mercancías y pasajeros, y sobre la movilidad individual, puntales de una economía de servicios como la española, las deficiencias presupuestarias. Es cierto que existe un acuerdo informal en el seno de la Unión Europea, por el que se pretende, mediante gravámenes medioambientales, como los peajes, disuadir al ciudadano del uso del vehículo privado, pero ni es un acuerdo firmemente adoptado –su umbral de implantación comenzaría dentro de ocho años– ni es probable que las distintas opiniones públicas europeas lo acepten mansamente, como ya se vio en las protestas en Francia de los llamados «chalecos amarillos».

Que, además, se hable desde ámbitos gubernamentales de aplicar, siquiera transitoriamente, una viñeta de pago general, sistema que Bruselas pretende erradicar, demuestra la improvisación con la que nuestro Gobierno aborda un asunto de capital importancia para el conjunto de la sociedad. Porque, en el caso de que no nos hallemos ante uno de los habituales globos sonda de La Moncloa, no sólo se trata de una medida discriminatoria, como ya hemos señalado, sino que producirá un efecto en cadena sobre el tejido productivo español.