Razones de peso para un adelanto electoral

Es comprensible el disgusto con el que Ciudadanos y, especialmente, su líder en Castilla y León, Francisco Igea, han acusado la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. En efecto, no es sólo que las últimas encuestas electorales auguren una notable caída de votos para la formación naranja, que en la comunidad castellano-leonesa pasaría de tener 12 escaños en el Parlamento autonómico a uno, sino que el surgimiento de nuevas agrupaciones provinciales de electores en la llamada España vaciada, podía actuar como banderín de enganche entre las filas de Ciudadanos, llevando al partido a su práctica extinción. Pero, dicho esto, si lo que Igea necesitaba era más tiempo para tratar de reconducir la deriva de su formación, partiendo de la realidad de una gestión compartida de gobierno más que notable, se hace muy cuesta arriba entender que emprendiera una estrategia que, inevitablemente, tenía que convertirse en un acicate para la proliferación, precisamente, de esas plataformas provinciales, que van en detrimento de los dos partidos mayoritarios. Por supuesto, nos referimos a la negociación de los presupuestos autonómicos con el único procurador del partido Por Ávila, llevadas a cabo, según todos los indicios, a espaldas del presidente de la Junta, que suponía transigir con un trato de favor hacia una provincia, en detrimento del resto. Estaríamos ante un potente efecto llamada, en la estela de Teruel Existe, que acabaría por fragmentar políticamente la representación territorial, desde intereses localistas, cuya legitimidad no vamos a cuestionar, pero que conducen a la inestabilidad. Sembrada, así, la desconfianza entre los socios de gobierno, no es posible reprochar a Fernández Mañueco que llevará a sus últimas consecuencias la interpretación de la maniobra de Ciudadanos, en forma de una nueva moción de censura impulsada por el PSOE, pero, esta vez, propiciada por la ruptura interna del grupo naranja, algunos de cuyos dirigentes, como ya ocurriera con la procuradora María Montero, estarían tentados de buscar una salida personal. Le avalan, pues, razones de peso al presidente de Castilla y León para poner fin a una legislatura que amenazaba con deslizarse hacia la ingobernabilidad o, lo que es peor, hacia la conformación de un gobierno frankenstein, apoyado por tránsfugas, con los resultados que son de suponer. Sin olvidar que, con esta decisión, el Partido Popular deja sin efecto las indeseables maniobras de despacho que, a la postre, sólo desvirtúan la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas. Cualquier proceso electoral es un albur y se equivocan quienes ya cantan la próxima mayoría absoluta de los populares, pero nada mejor y más democrático que demandar la respuesta del pueblo.