Inmoralidad fiscal con las víctimas de tráfico

El Gobierno parece insaciable en su voluntad de exprimir fiscalmente a los españoles. En esa incontenible voracidad recaudadora esta izquierda ha demostrado que siempre puede ir un paso más allá. Nadie está a salvo en nuestro país de sufrir el acoso y hasta la represión impositiva. Pero hay sujetos y sujetos, circunstancias y circunstancias, en las que los gobernantes son capaces de exhibir en público hasta qué punto han desconectado de la ciudadanía y de sus pulsiones emocionales y hasta vitales. Es en esa desafección, propia de la frialdad del burócrata, en la que se puede encuadrar que el Ejecutivo quiera hacer pagar a las víctimas de los accidentes de tráfico por las indemnizaciones que reciben como reparación por el impacto económico, físico y psicológico que padecen. Más lamentable todavía, si es que es posible, ha sido el cómo lo ha ejecutado. A escondidas, de tapadillo, en un anteproyecto procesal, en su disposición adicional, de una regulación de Justicia, ha camuflado la modificación del IRPF que abre la puerta a considerar incremento patrimonial las compensaciones en los siniestros viales hasta ahora exentas. En resumidas cuentas, la voluntad del Ejecutivo es hacer caja con las desgracias y las tragedias de la gente sin la menor empatía, consideración e incluso piedad. Conductas de este tenor revelan una cierto aroma sociopático en unos responsables políticos que han hecho suyo el eslogan popular y mundano de «todo por la pasta». El buen gobernante mira y atiende la prosperidad y el bienestar de los gobernados, bajo el influjo superior de la justicia y la moral. Este propósito de Pedro Sánchez de que las víctimas tributen es una declaración de intenciones contra todo ello. No es un episodio aislado, sino una secuencia fruto de una decisión política que ha convertido el hachazo fiscal en hábito como lo sufrirá otro colectivo perseguido como el de los autónomos. La razón que fundamenta esa pasión por atacar las economías domésticas y las empresariales es que existe un margen notable para subir los impuestos, ya que la presión fiscal es inferior a la del resto de países de la Unión Europea. Se trata de un parámetro alterado y condicionado por nuestra alta tasa de paro y la economía sumergida. El indicador más revelador de la realidad tributaria es el del esfuerzo fiscal, que relaciona la presión y el PIB per cápita. Y ahí estamos un 6,6% por encima de la media de la UE. El español, por ejemplo, es hasta un 43% superior al alemán. Es más, un tercio de los ciudadanos se levanta por la mañana solo para financiar con su trabajo las ocurrencias de la administración. A escasas semanas de que el comité de expertos presente las bases de la futura reforma tributaria –si es que lo consigue, porque las injerencias gubernamentales han forzado tensiones y abandonos–, Pedro Sánchez se equivoca en el diagnóstico y en la terapia. No tenemos un problema de recaudación, sino uno de gasto de un gabinete manirroto. Los españoles padecemos un maltrato fiscal para financiar las políticas clientelares del Gobierno. Y ello, en época de inflación, el gravamen de los pobres, el peor de todos ellos.