«Geometría variable» o equilibrio en el alambre

El esperpento parlamentario vivido en torno a la convalidación de la reforma laboral, culminado por una actuación de la presidenta socialista del Congreso, Meritxel Batet, jurídicamente discutible y políticamente reprochable, debería informar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de la dificultad inherente a cambiar de socios parlamentarios a conveniencia propia, por más que, pasado el soponcio, todos en el bloque de la investidura se prometan recomponer la unidad de la izquierda. De momento, y dado el parón del Congreso por las elecciones autonómicas de Castilla y León, no hay en el horizonte inmediato motivos para nuevas fricciones, pero quedan por aprobarse dos leyes, la de Seguridad Ciudadana y la de la Vivienda, que, sobre todo en la última, contienen elementos que afectan directamente al modelo autonómico, como ha advertido el Consejo General del Poder Judicial, y que, por lo tanto, son materia sensible para los socios nacionalistas del Gobierno.

En este sentido, habría que ver si las declaraciones de algunos portavoces gubernamentales aludiendo a Ciudadanos como opción de recambio vienen motivadas por la contrariedad del rechazo sufrido con la reforma laboral por parte de sus socios parlamentarios o, por el contrario, quieren ser un aviso a navegantes dirigido a ERC y Bildu, formaciones que, mal que nos pese, actuaron con total coherencia política al rechazar una ley que, en su opinión, no era más que un calco, apenas retocado, de la legislación aprobada por un gobierno popular.

Dicho sea de paso, que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se haya visto desasistida por sus principales apoyos en la izquierda nacionalista puede servir de termómetro para medir cómo ha caído el asunto entre las bases más radicales de la propia Unidas Podemos. Por supuesto, confía el Gobierno en que los intereses cruzados de sus socios parlamentarios y, fundamentalmente, el temor a que se produzca una nada improbable mayoría del centro derecha, servirán de argamasa suficiente para mantener la legislatura hasta el final, incluso, más allá de 2023, a la espera, además, de un cambio favorable en las condiciones económicas. Puede ser, aunque los indicios apunten a un endurecimiento de las políticas monetarias en la UE, que obligarían a replantearse los objetivos de déficit público, pero, en cualquier caso, tampoco garantiza al Gabinete que desde el nacionalismo más radical no se planteen demandas que chocan frontalmente con la Constitución y que tendrán que ser rechazadas desde La Moncloa.

En definitiva, que el hecho de que la votación de la reforma laboral haya discurrido de manera accidentada, con una mayoría pro gubernamental sostenida por una decisión arbitraria, nos devuelve a la primera reflexión, la de que el socorrido recurso a la «geometría variable», que presupone la aquiescencia de partidos silentes y sumisos a las necesidades del mando, puede convertirse en un ejercicio sobre el alambre.