Bruselas tumba las cuentas de la lechera

Si el debate sobre el Estado de la Nación nos ha dejado, en lo político algunas propuestas que pueden, y deben, ser discutidas en base a su redacción y contenido, como la Ley de Memoria Democrática y el decreto intrusivo sobre el CGPJ, no puede decirse lo mismo del paquete de medidas de carácter económico, sin otro fundamento aparente que la improvisación. Hacemos esta reflexión ante la enésima advertencia de la Comisión Europea de que observa un preocupante desfase entre las previsiones de la evolución de la economía española que presenta el Gobierno y los indicadores que obran en poder de Bruselas, que no sólo pronostican una inflación sostenida para este año del 8,1 por ciento, sino que vuelven a reducir las expectativas de crecimiento del PIB, retrasando un año más el proceso de recuperación.

Dicho de otra forma, que en La Moncloa se funciona con unas cuentas de la lechera que corren el riesgo cierto de venirse al suelo al primer tropiezo con la realidad. Y si señalamos directamente a la sede de la presidencia del Gobierno es por la sospecha de que los ministerios más directamente implicados, Economía, Hacienda y Transportes, no tienen otra participación en la estrategia económica que la de armar jurídicamente las medidas que se le van ocurriendo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Con casos paradigmáticos, como el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca, cuya complejidad legal en el seno de la Unión Europea hace que no se fácil determinar si se articulará a través de un incremento del Impuesto de Sociedades o con la creación de un tributo extraordinario, a modo de la fallida Tasa Tobin.

De ahí, que la propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, haya advertido de que la puesta en marcha del impuesto no será inmediata, porque depende de su diseño. Naturalmente, como ocurre con el castigo a las eléctricas, la eficacia de los nuevos tributos solo radica en el voluntarismo de La Moncloa, que se afana en buscar una improbable fórmula que evite que los sectores afectados repercutan buena parte del mayor coste fiscal en los consumidores, que es, con toda seguridad, lo que va a suceder, alimentando la espiral inflacionaria.

Con todo, lo peor es que esta política que improvisa medidas a caballo de los resultados electorales y de las previsiones de las encuestas, no hace más que aumentar el desequilibrio presupuestario, con un gasto público no productivo desbocado, que los ingresos extra que está proporcionando la inflación en las cuentas de Hacienda no consiguen corregir. Una vez más, hay que insistir en lo erróneo de una estrategia que, por un lado, fomenta la inflación con la barra libre de gasto público y, por otro, traba el crecimiento de la economía con el exceso en la imposición fiscal a empresas y familias, que sí hacen bien sus cuentas.