Lo esencial es frenar el asalto a la Justicia

En el relato de los tiempos históricos cortos, la cronología de los sucesos es fundamental, de ahí que sea preciso retroceder hasta octubre de 2020 para entender la cadena de despropósitos que ha llevado a la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y que, tarde o temprano, provocará la intervención en firme de la Comisión Europea en defensa de la independencia de la Justicia española, si el Gobierno de coalición persiste en su afán de conformar con jueces que considera «afines» los distintos tribunales superiores.

Porque es esa, y no otra, la esencia de lo que subyace en la renovación fallida del CGPJ, peripecia política que, por supuesto, implica a los dos partidos mayoritarios de la Cámara, el PSOE y el PP, pero a quienes sería inveraz atribuir idéntica responsabilidad, aunque sólo sea porque fueron los socialistas, de la mano de sus socios de Unidas Podemos, los que pretendieron cambiar el sistema de elección parlamentaria de los vocales de la judicatura en el CGPJ, eliminando el requisito de la mayoría cualificada, intentona de anular a la oposición que desbarató la Unión Europea. Pero si eso ocurría en octubre de 2020, en marzo del año siguiente el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez procedió a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que un Consejo en funciones llevara a cabo nombramientos y sustituciones de jueces y magistrados para los distintos tribunales.

Fue una actuación de parte, que ha provocado graves disfunciones en el sistema de Justicia, con más de 70 vacantes sin cubrir, y que tuvo el estrambote de llevar a una «reforma de la reforma», ejecutada por el mismo Gobierno, una vez que el juego de mayorías en la renovación del Tribunal Constitucional se inclinaba hacia los magistrados considerados «progresistas». Es decir, que un CGPJ en funciones no podía efectuar nombramientos, salvo en caso de que favoreciera las pretensiones socialistas. Pero hay más esperpento en esta historia, el que protagoniza un gobierno exigiendo la aquiescencia de la oposición popular al descarado asalto gubernamental sobre uno de los poderes fundamentales del Estado.

La misma oposición, no es posible obviarlo, a la que socialistas y comunistas pretendieron dejar sin voz ni voto en el proceso de renovación del Consejo. Es evidente que, sobre estos hechos, raya en el absurdo pretender que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, transija con el habitual «cambio de cromos», incluso, mejorado, sin atender al núcleo de la cuestión, que no es otro que el cumplimiento de unas directrices políticas de la Unión Europea, avaladas por la Comisión de Venecia, que tiende a reforzar la independencia del Poder Judicial, una de las bases de cualquier democracia que se precie. Pero ya se lo explicarán a Sánchez cuando le toque la presidencia rotatoria de la Unión Europea.