Sánchez tendrá que ceder en la reforma del CGPJ si quiere un acuerdo

La puesta en escena de ayer mejoró bastante la de la entrevista de principios de julio, cuando se celebró la primera reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Tres horas de conversación, sobre las que, si se atiende a las versiones trasladadas por una y otra parte, la conclusión es que el contenido se sostiene en los mismos ejes que los de aquella entrevista de julio. Han hecho falta tres meses y una dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para llegar al mismo punto. Solo que ahora, por la presión del colapso judicial, hay mucho más interés en cuidar las formas que el que hubo antes del verano. La imagen de manoseo político y el espectáculo casi pornográfico dado a la ciudadanía, dejando ver todas las miserias que afectan al sistema, llevó ayer a Gobierno y a PP a «vender» el mensaje de que se arremangan para hacer «un último intento» para renovar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC). En teoría, el compromiso es buscar una salida «rápida» y la negociación se retoma sobre las mismas posiciones que hasta ahora han hecho imposible el pacto.

En realidad, la crisis pesa más sobre Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno ya tuvo que moverse ayer para aceptar una de las condiciones del PP, la de que la renovación sea en bloque, CGPJ y TC, y no solo el Constitucional, como ha intentado en las últimas semanas Moncloa sacar adelante con la ayuda de Lesmes.

En privado, el presidente del Gobierno se comprometió a tomar en cuenta la propuesta de acuerdo presentada por el PP en la reunión de julio, y que se sostiene en la idea de pactar en bloque CGPJ y TC, conforme a la ley vigente, pero con unos criterios de idoneidad en la elección de los nombres, y sentando a la vez las bases para la reforma del sistema de elección de los jueces.

En público, Moncloa se vinculó con ese compromiso de manera mucho más ambigua, pero si Sánchez quiere llegar a un acuerdo tendrá que hacer un gesto que garantice al PP que esa modificación legal, que demanda también Bruselas, se pondrá en marcha.

Para el jefe del Ejecutivo, el problema es que avanzar en esa dirección va en contra de lo que quiere el PSOE y le plantea, además, un choque con sus socios. Pero desde la dirección popular insistieron ayer por la tarde en que Feijóo no aceptará un «cambio de cromos» en el CGPJ sin cambiar nada en el sistema de elección.

Toda una vuelta, con tres meses perdidos desde julio, y tres horas de conversación de por medio, para llegar al mismo punto en el que Sánchez y Feijóo estaban antes de que la crisis se extendiera al Constitucional por la renovación pendiente de otros cuatro vocales, de los que dos dependen del Poder Judicial.

El PP no tiene ningún incentivo para moverse de sus líneas rojas a medio año de las elecciones autonómicas y municipales y cuando la legislatura está ya del todo condicionada por el estrés electoral. El bloqueo judicial no tiene una sanción electoral, y si en Génova miden en una balanza qué les renta más, si la imagen de Estado, o si no ceder en la exigencia de independencia judicial, están seguros de que la segunda opción les es mucho más beneficiosa que comprometerse con una renovación que no vaya acompañada de un compromiso con el cambio de modelo.

El bloqueo esconde la trampa de que, al final, la legislatura está prácticamente vencida, y el Partido Popular ha conseguido jugarla como si fuera el partido de gobierno, con la mayoría parlamentaria. Pero Feijóo tiene a su favor el viento que viene de Bruselas y que el coste de este bloqueo es mayor para el Gobierno, incluso en cuanto a imagen internacional, que para la oposición.

A fin de cuentas, es el Gobierno el que tiene que lidiar con una crisis judicial que se ha convertido en una crisis de Estado, y en la que ayer volvió a mediar Bruselas con el mensaje de que la dimisión de Lesmes reafirma la urgencia ya expresada de renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Desde la capital comunitaria también se recordó la recomendación del último informe sobre el Estado de Derecho en la UE, que insta a España a renovar el CGPJ con carácter prioritario y a abordar una reforma del sistema de elección de los vocales inmediatamente después.

El jueves está convocado el Pleno del Poder Judicial en el que se medirá la capacidad de los vocales conservadores y progresistas de llegar a un acuerdo contra reloj para resolver la sucesión de Lesmes al frente del CGPJ. Es un Pleno clave para el funcionamiento de un órgano constitucional que ha quedado descabezado con la dimisión de su presidente.

En el ámbito político, Gobierno y PP tienen por delante el reto de gestionar este «último intento» de negociación bajo la presión de evitar ser los que aparezcan ante la opinión pública como responsables de que no haya acuerdo. Y esto explica los esfuerzos de ayer por poder presentar la reunión de Moncloa como el principio de un pacto que no ha sido posible en cuatro años.

La crisis institucional es de tal envergadura que a las dos partes les conviene cuidar las formas y no tensar la cuerda: si no hay consenso, que la culpa de la crisis sea, en la medida de lo posible, siempre del otro.