Legal y legítimo derecho de amparo

La retórica sobreactuada e incluso en alguno de sus portavoces incendiaria de la izquierda contra el PP y los magistrados del Tribunal Constitucional pretende desviar la atención del contencioso principal y crítico como es que el Gobierno y sus socios parlamentarios sacaron adelante –y por la vía de urgencia, sin informes de los órganos consultivos ni debates serenos y a fondo– la reforma del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para cambiar la fórmula de elección de sus miembros, junto con la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación. La mayoría, con sus métodos subrepticios a través de un subterfugio reglamentario, que desactivaba de facto las garantías mínimas de un procedimiento legislativo ordenado, pudo vulnerar los derechos de los parlamentarios y por consiguiente el recurso de amparo contra ese acto en las Cortes entraba plenamente en las competencias atribuidas por la norma fundamental al Tribunal Constitucional y por la ley orgánica que lo regula. Hablamos, por tanto, de una iniciativa sin mácula alguna ni el fondo ni en la forma, como cualquier otro instrumento que el ordenamiento contempla para la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos de todas las administraciones y otros organismos. Tanto es así que en el acumulado de la experiencia legislativa se recogen varios recursos de este tenor planteados no por la derecha, sino por los socialistas. Los más recientes en Cataluña en pleno procés. Tildar esa misma medida del Partido Popular para restablecer las salvaguardas y las prerrogativas afectadas como una asonada contra la democracia, hablar de tejeritos, tricornios o golpistas con toga rezuma impostura, además de que deja en evidencia la línea tóxica de Moncloa y una dinámica hiperbólica que es justo lo contrario de lo que cabe esperar y exigir de responsables políticos en cualquier democracia convalidable en el abordaje, por ejemplo, de la reforma del Código Penal, la segunda norma más importante después de la Constitución en el ordenamiento jurídico. Urgimos al presidente del Gobierno a recuperar un tono de responsabilidad constitucional y de respeto institucional, consciente de que todos, absolutamente todos sus actos, tienen o tendrán consecuencias, porque nada sale gratis, y menos contra el Estado de Derecho. La influencia de sus socios extremistas es ya lesiva para el PSOE, sumido en una crisis interna de calado, con cada día más voces capaces de quebrar la ley del silencio de la organización contra la deriva del partido y su liderazgo. Que los ministros, con Sánchez a la cabeza, presionen a los magistrados del TC para lograr un pronunciamiento favorable a sus intereses que no quiebre los planes es otra manifestación de poder absoluto. Ese que cree que el voto eleva al votado por encima de la Ley.