Moncloa no renuncia a tutelar la Justicia

Un día después de que el Consejo General del Poder Judicial eligiera a César Tolosa y María Luisa Segoviano como magistrados del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo está lejos de extraer la lección de integridad y responsabilidad que brindaron los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Si algo ha quedado cristalino, si alguien ha quedado en evidencia, ha sido la voluntad de Moncloa de someter al tercer poder del Estado, por un lado, y el presidente con sus maniobras, por el otro. En el CGPJ, de la mano del bloque mayoritario, que inclinó la voluntad de la minoría hasta desactivar el bloqueo, se ha reivindicado ante la opinión pública un afán de servir al estado de derecho desde el respeto a la independencia de los magistrados y el ejercicio de sus funciones constitucionales sin sectarismo. Que ese acuerdo en el Consejo se haya sacado adelante desde una institución cercada y acosada, intervenida de facto de forma irregular por el Ejecutivo, cercenada en sus competencias a costa de estresar los órganos jurisdiccionales con decenas de vacantes por cubrir, entendemos que reúne un mérito sobresaliente, y constituye, de alguna manera, una victoria moral sobre aquellos que entienden la Justicia como un instrumento al servicio de sus intereses y la herramienta de una estrategia política y personal. Que sea el propósito de Pedro Sánchez lo constata el perfil de sus aspirantes al Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y a Laura Díaz, exdirectora general de Presidencia, de adscripción socialista y cuestionable mérito y capacidad, que arrumba toda apariencia de imparcialidad. Apelar a la Constitución y a la neutralidad del tribunal de garantías con semejantes designaciones, como se ha hecho desde el gabinete, rezuma retórica impostada. De hecho, y aunque parece garantizado que Campo y Díaz superarán el examen de idoneidad, su abierta militancia debería ser razón para valorar su exclusión por manifiesta parcialidad. Sánchez pudo apostar por otras biografías «progresistas» de prestigio indiscutido, pero optó por asegurar la obediencia. En todo caso, a todos los magistrados se los medirá en las sentencias. En este proceso zozobrante asoma como razón única el mal que carcome la idea de la independencia de la Justicia como es su politización. La izquierda la necesita, profesa los modelos que no respetan la división de poderes y ha intentado violentar la Constitución. Lo refrendó el tribunal de garantías en el fallo con el que acordó suspender la reforma de la Justicia de Sánchez que amenazaba «el pluralismo político», subordinando la Carta Magna a la voluntad del Legislativo. El Gobierno ha redoblado su presión al PP para renovar el CGPJ. Será un error afrontar el proceso sin las garantías exigidas por la Comisión Europea. Moncloa ha eliminado la sedición y ha minimizado la malversación para converger con Europa, mientras desoye a Bruselas cuando demanda que los jueces sean elegidos por sus pares.