Llarena retrata la democracia inerme

Los planes de Pedro Sánchez, acordados con sus socios separatistas y demás, se están cumpliendo con rigurosidad. En Moncloa y en los cenáculos secesionistas deben estar más que satisfechos ante la secuencia en la que las fortalezas y los diques del Estado de Derecho caen uno tras otro como fichas de un dominó angustioso. La reforma del Código Penal de Pedro Sánchez, que ha eliminado la sedición y ha desactivado la malversación, como ha exigido el independentismo para salvar su mayoría y conducir la legislatura hasta el final, y a la que precedió el escándalo de los indultos con los informes preceptivos en contra, ha comenzado a rendir los frutos que se perseguían.

El propósito de esa modificación era uno, pues siempre ha consistido en una iniciativa con nombres y apellidos, ad hoc, sin anclaje en los principios fundamentales del Derecho, que para la izquierda son papel mojado. El magistrado de Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado un auto en el que, conforme a la catarsis punitiva acelerada por la mayoría gobernante y finiquitada la sedición que fundamentaba la acusación principal, se ha despejado el horizonte para los procesados en la causa del procés declarados en rebeldía, Carles Puigdemont, Antonio Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira. Alguno de ellos podría regresar a España de manera casi inmediata.

No será el caso del expresidente catalán, al que se mantiene encausado sin rebajas en la malversación. También salva el delito de desórdenes públicos agravados con el que, en teoría, conforme al discurso de Moncloa, veníamos a encajar en los estándares europeos. Los hechos en cuestión no resultan subsumibles en el mismo. El auto del instructor del Supremo es revelador y singularmente doloroso para quienes pensamos que sin el imperio de la ley no existe la democracia y consideramos que nadie está por encima del mismo. Desmonta y retrata las inconsecuencias, las medias verdades y la mezquindad que destila el desmontaje de artículos medulares del Código Penal al servicio de una amnistía encubierta para los condenados por el golpe contra el orden constitucional en Cataluña. Ni era necesario eliminar el delito de sedición, ni contenía «imprecisiones», ni era cierto que no fuera equiparable a nuestro entorno comunitario.

En realidad, se ha generado «un contexto cercano a la despenalización» para quienes han pasado de ser carne de banquillo a futuros cargos electos con cargo al erario. Un alegato intachable para cualquier jurista solvente y honesto. El Gobierno ha celebrado las bondades de su política de apaciguamiento y desjudicialización con el eslogan de que el procés se ha acabado, pero la verdad es que las autoridades secesionistas ultiman movilizaciones y aceleran los trámites para un referéndum. La fábula de Moncloa es solo eso. La izquierda ha colonizado las instituciones con el mismo ímpetu que ha desarmado a la democracia ante sus enemigos. Sánchez ha borrado de la memoria oficial el procés, la crisis económica e incluso a la ETA. La memoria del pueblo es otra cosa.