ERC dinamita la «agenda catalana» de Sánchez

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho una apuesta «arriesgada» en Cataluña. Así lo reconoce –incluso públicamente– el presidente del Gobierno, que confía, no obstante, en que su estrategia de pacificación se convierta en un activo electoral para el PSOE en 2023. Tras la concesión de los indultos, Moncloa fue un paso más allá con la derogación de la sedición –y su sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados– y perpetró un doble salto mortal con el abaratamiento de la malversación sin enriquecimiento personal. Reformas de calado del Código Penal al dictado de los intereses de sus socios de ERC, en los que no parece haber surtido el efecto apaciguador anunciado.

La actitud insaciable de los republicanos no acompaña los últimos movimientos gubernamentales y esto genera un profundo malestar en Moncloa. En el Ejecutivo son conscientes del coste que les está generando su apuesta por la «agenda catalana», un coste que se ve amplificado por la insumisión de Esquerra y que tiene un efecto desmovilizador en su electorado. En las últimas encuestas, los socialistas vuelven a ceder terreno en favor de Alberto Núñez Feijóo y el transvase de votantes hacia el PP –que se había interrumpido tras el fiasco del pacto para desbloquear el CGPJ– ha vuelto ahora a reactivarse.

Con el acelerón legislativo de finales de diciembre –con la aprobación de las reformas de la sedición y la malversación– Sánchez dio por concluida la «agenda catalana». A partir de ahora, el Gobierno se centrará en exhibir los éxitos de su gestión, sobre todo los económicos, pero también los que tienen que ver con la cohesión social y territorial en Cataluña. Sin embargo, sus socios de ERC parecen dispuestos a dinamitar cualquier expectativa de rentabilizar electoralmente los avances conseguidos. Desde el mismo día que se avalaron los cambios en el Código Penal, Esquerra comenzó a boicotear el discurso gubernamental.

En paralelo a la aprobación en el Congreso de la vía que les permitiría reducir las penas de cárcel e inhabilitación por los delitos cometidos en el contexto del «procés», ERC recuperaba en su ponencia política la apuesta por el referéndum de autodeterminación. Entonces, Moncloa encuadró esta iniciativa en el marco ideológico de la formación, al que nunca han renunciado, pero mientras Sánchez se felicitaba de que «el procés acabó», Pere Aragonès utilizaba su discurso institucional del 26 de diciembre para renovar su apuesta por un «acuerdo de claridad» para la independencia.

No es el único torpedo a la línea argumental de Moncloa, que, al tiempo que defiende que la situación se ha «apaciguado en términos generales» en Cataluña y se han «recuperado los afectos», ve como ERC vuelve a incendiar las calles para boicotear la cumbre hispanofrancesa que se celebrará la próxima semana en Barcelona. En el Ejecutivo se aferran a que los miembros del Govern no participarán en las protestas independentistas y que se está negociando el papel que tendrá el president de la Generalitat en la cita, pero critican la bipolaridad de una Esquerra que quiere estar «en misa y repicando». En los márgenes de la cumbre «no hay prevista» ninguna reunión entre Sánchez y Aragonès o sus equipos, según confirman desde la Moncloa.

Tampoco ayuda al Gobierno el último movimiento de ERC, que pedirá al Supremo que dicte una nueva sentencia absolutoria tras la entrada hoy en vigor de la reforma penal. Los republicanos argumentan que no cometieron ningún delito y que la inhabilitación también debe extinguirse. Un posicionamiento que choca con el relato gubernamental, que defiende que, con el aval a los cambios en la malversación y la sedición, ERC reconocía implícitamente la comisión de los delitos. En público, no obstante, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en «La Hora de la 1» aseguró ayer que era «lógico» y «absolutamente normal» que busquen beneficiarse de los cambios legales. «Ahora son unos hechos y tipología diferente y, por tanto, lo que procede es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pueda revisar la condena de inhabilitación porque la condena de prisión ya fue indultada», señaló.

En Moncloa mantienen que su estrategia ha logrado romper el eje independentista –irreconciliable ya entre Junts y ERC– y que esto permitirá sustentar la hegemonía socialista en Cataluña, con el PSC, y en España. Está por ver cuánto tardan los republicanos en desmontar, de nuevo, sus argumentos.