Un año bajo riesgo de inestabilidad política

El año que comienza no trae, precisamente, buenos augurios para unos españoles que en su mayoría, estiman que su situación personal ha ido a peor y que consideran, salvo quienes se declaran votantes del PSOE, que las cesiones a los nacionalistas no les contentarán y España se verá abocada a la celebración de indeseados referendos de autodeterminación.

Al menos, así se desprende del último sondeo sobre el estado de la opinión pública que ha elaborado «NC Report» para LA RAZÓN. No cabe duda de que entre la ciudadanía, especialmente la que vota a partidos del centro derecha, pero, también, entre una parte de la izquierda más moderada, se ha instalado el convencimiento de que nos hallamos en un proceso de deterioro de la convivencia y que percibe como cierto el riesgo de un período de inestabilidad política que afectará negativamente al futuro de la Nación.

A conjurar la amenaza no contribuyen ni las protestas callejeras de unas minorías que han hecho del presidente del Gobierno el objetivo a batir, siquiera, simbólicamente, ni las reacciones sobreactuadas de los miembros del Gabinete, aquejados de una sorprendente memoria selectiva, que tratan de manera oportunista de cargar la responsabilidad sobre los hombros del Partido Popular. Con un problema añadido, que el calendario inmediato, con el debate de la ley de amnistía, las elecciones europeas y los procesos electorales en Galicia y el País Vasco, con la ruptura interna de la extrema izquierda y Bildu como protagonista emergente, respectivamente, pueden llevar al máximo punto de resistencia los acuerdos de investidura firmados por Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas.

En este sentido, la prueba del nueve estará en las enmiendas parciales que Junts y ERC planteen a la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, que las amenazas de los portavoces del fugado Carles Puigdemont hacen suponer de imposible encaje con la legalidad de la UE.

Todo ello, en un momento de cambio en la situación política y económica internacional, que, en el caso europeo, supone un retorno a la disciplina fiscal que choca frontalmente con las exigencias de financiación de los aliados de Sánchez. Que Emiliano García-Page se haya visto obligado a salir en defensa de la igualdad de los españoles, mejor dicho, de los derechos de sus administrados en Castilla-La Mancha, indica que la discordia entre las comunidades por unos recursos escasos puede desbordar el optimismo de un Gobierno que se niega a reconocer una realidad social como es el rechazo mayoritario y trasversal a la concesión de privilegios a los nacionalistas y muy especialmente a considerar a Bildu como un interlocutor político válido como cualquier otro. Pero el hecho es que desde el Ejecutivo se práctica un victimismo exagerado que carece de la menor autocrítica.