Un «código penal» solo para políticos

Ni siquiera han concluido todos los procedimientos judiciales abiertos por la trama de corrupción pública de Andalucía cuando el Ministerio de Justicia anuncia que ha dado trámite a la Audiencia Provincial de Sevilla para que elabore los informes pertinentes de la petición de indulto realizada por los condenados en el caso de los ERE. Cabe preguntarse qué circunstancias sobrevenidas avalan a unos políticos sentenciados por delitos graves contra el patrimonio público que no operen en el resto de los presos de similares causas que cumplen sus penas de prisión, pero la única respuesta posible es, precisamente, su categoría de políticos, a los que cabría añadir la característica de haber pertenecido o servido a un partido de izquierdas.

Se nos dirá que cualquier condenado tiene derecho a la solicitud del indulto y es cierto, pero también lo es que la medida de gracia exige unas condiciones previas, entre ellas el arrepentimiento, que deben ser ponderadas, tras el preceptivo informe fiscal, por el Tribunal sentenciador, en este caso el Supremo. Y aquí entramos en un terreno pantanoso, porque, en realidad, la última palabra la tiene el Consejo de Ministros, es decir, el mismo Gobierno que desdeñó los informes del alto tribunal contrarios a la concesión de los indultos a los condenados por el procés y les libró de la cárcel.

No pudo hacer más, porque ante la negativa del tribunal sentenciador el Ejecutivo solo puede conceder un indulto parcial, que es la única razón por la que no tenemos a los líderes separatistas de vuelta en las instituciones. En el caso de los socialistas andaluces condenados, que no aspiran a retornar a la acción política, la única pretensión es librarse de cumplir la condena.

Poco puede oponerse a una decisión gubernamental de ese tipo, salvo, tal vez, señalar la flagrancia del doble rasero que caracteriza a la izquierda española según quiénes sean los protagonistas de los casos de corrupción pública. Porque no hemos visto ni las desgarraduras de vestimentas ni los lamentos hiperbólicos ni las exigencias de ejemplaridad penal que acompañaron a los casos del Partido Popular con el asunto de los ERE, una de las tramas más graves por la entidad del dinero malversado y los fines a los que estaban destinados los fondos de la reciente historia democrática española.

Si, además, se vuelve a plantear un trato de favor, de desigualdad para con el resto de los ciudadanos, con los procesados por la intentona golpista en Cataluña la desautorización a los tribunales será de tal calibre que podríamos hablar de dos códigos penales: uno de los más duros de Europa para las gentes del común y otro, graciable por el gobierno para los políticos. Y no se trata de exigir que nadie se pudra en la cárcel, sólo que la leyes se apliquen de manera equitativa para todos. No solo para cubrir los intereses del gobernante de turno.