La derecha europea con el Estado de Derecho

No debería el Gobierno despreciar como si fuera una advertencia a beneficio de inventario que la Comisión de Venecia, en el avance de su informe sobre la ley de amnistía, señale que se trata de una propuesta que «ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España», lo que pone en serias dudas la validez del supuesto objeto de la norma, que es la reconciliación.

Supone, además, la quiebra del Estado de Derecho y, en ese ámbito, tampoco debería subestimar el Gobierno que los miembros del Partido Popular Europeo, la gran agrupación conservadora de la UE, mayoritaria en la Eurocámara, hayan decidido cerrar filas con sus socios españoles frente a lo que consideran una decisión partidista que bordea peligrosamente el ordenamiento jurídico europeo porque, entre otras consideraciones, supone la impunidad total para los delitos relacionados con el movimiento secesionista, ha sido redactada por sus propios beneficiarios y entre los hechos delictivos contemplados se incluyen delitos de relevancia europea como la malversación de fondos y terrorismo, además de que supondría el cierre de la investigación judicial existente sobre la injerencia de Rusia en el intento secesionista.

De ahí, que no haga falta ser un avezado analista para entender que en la resolución subyacen tres de las grandes preocupaciones que embargan a las democracias europeas, como son el auge de los movimientos nacionalistas, el desvío del dinero público a fines contrarios a la carta fundacional y la injerencia por grupos interpuestos de potencias como Rusia y China para romper los lazos que unen a Europa, que tan costoso está siendo anudar.

Que desde los intereses meramente personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pretenda despachar a la oposición con la etiqueta de «ultras» que no aceptan la derrota es un error político de enorme calado, más aún en un terreno en el que operan con fuerza las grandes formaciones conservadoras de Europa, cuyo protagonismo en la conformación de una entidad supranacional basada en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, en el respeto de los derechos humanos y en la concepción de la separación de poderes como basamento de la democracia representativa es imposible desdeñar, como pudo comprobar el propio Sánchez ante una salida de tono en la Eurocámara.

En definitiva, existe un consenso europeo cada vez más amplio en que la proposición de ley de amnistía, que esta semana vuelve al Congreso para su aprobación, es socialmente divisiva, atenta contra principios básicos del ordenamiento europeo y alienta el peligro nacionalista. Pero además, añadimos nosotros, para sus beneficiarios no es más que un paso necesario para volver a intentarlo.