El ejemplo del Rey con la transparencia

La Casa Real ha hecho pública su rendición anual de cuentas en cumplimiento de la legislación vigente y con la prolijidad y detalle de una institución del Estado que se debe a todos los ciudadanos. Desde los salarios que perciben los miembros de la real familia y sus ayudantes hasta los gastos extraordinarios habidos por la celebración de la mayoría de edad de la Princesa de Asturias pasando por el listado detallado de todos los regalos recibidos en Zarzuela, toda la información de interés general ha sido puesta a disposición de la Opinión Pública.

Contrasta este comportamiento ejemplar del Jefe del Estado con la actuación de un gobierno que incumple sistemáticamente las demandas de información de los ciudadanos, las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y que, como en el caso de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no mueven un músculo cuando se ven ante los tribunales de justicia por ocultar el coste en dinero público de viajes al extranjero de compleja justificación.

Según los últimos datos disponibles, referidos hasta 2022, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez había incumplido hasta en 1.200 ocasiones las resoluciones del Consejo de Transparencia. Dada la ausencia de potestad sancionadora del citado Consejo, todo indica que los distintos departamentos gubernamentales se han abonado a la táctica de dar la callada por respuesta, dilatando los tiempos hasta que los demandantes de la información oficial se cansan o, lo que es peor, abusando de una legislación preconstitucional, es decir, franquista, como es la Ley de Secretos Oficiales.

Escudarse tras una pretendida defensa de la Seguridad del Estado para no rendir cuentas ante los ciudadanos ni es nuevo ni es patrimonio exclusivo del sanchismo, pero que recurran a ello los mismos políticos que clamaban a grandes voces por la transparencia de las instituciones y llevaban la visibilidad de la acción pública en su programa electoral no es más que una de las muestras de incoherencia y aplicación minuciosa de la política del doble rasero a que nos tiene de sobra acostumbrados el actual inquilino de La Moncloa, que se sorprendería de lo abierto que resultó el último gobierno del Partido Popular, que promulgó la Ley de Transparencia, con la información de interés público en comparación con la sistemática ocultación que él practica.

Y no hablamos exclusivamente del «pudor» a la hora de poner al alcance de la sociedad el dispendio de nuestros impuestos en cuestiones de más que dudosa utilidad para el bien común, como pasar un fin de año en Río de Janeiro, sino de la ocultación de informes consultivos cuyas conclusiones no gustaban a los distintos miembros del Gabinete. Lo dicho. Quien se daba los mayores golpes de pecho hoy es adalid del oscurantismo.