El fallo que retrata a un gobierno culpable

El presidente del Gobierno y sus ministros habían aludido de manera recurrente al comodín del Tribunal Supremo para sortear su responsabilidad en la nefasta ley del solo sí es sí. Cuando la escandalera ya era incontrolable, el propósito fue desarrollar una política de contención de daños que pasaba por retirar el asunto del foco mediático y enterrarlo bajo paladas de propaganda en virtud de una reforma que enmendara los yerros del texto elogiado por el Consejo de ministros en pleno, sin excepciones ni matizaciones. La esperanza, además de enfriar una opinión pública en ebullición ante los comicios autonómicos, era que los magistrados abrieran un resquicio a la defensa de Moncloa a partir de lo expuesto por orden directa del fiscal general del Estado en los recursos contra las rebajas de condena a los delincuentes sexuales. Se trataba de pasar página en un flanco tremendamente vulnerable para la izquierda con el horizonte electoral más o menos cercano. A Pedro Sánchez el plan no le ha salido, y el sí es sí ha vuelto a deflagrar en toda su crudeza con una onda expansiva cuyos estragos no serán menores.

El Pleno del Tribunal Supremo ha rechazado la maniobra de la Fiscalía contra las rebajas de condenas a agresores sexuales por la entrada en vigor de la reforma del Código Penal incluida en la ley del solo sí es sí. La Sala de lo Penal ha descartado por unanimidad el criterio del Ministerio Público en línea con la narrativa de Igualdad sobre los autos emitidos por las audiencias provinciales. La resolución de la más alta magistratura de la nación no resulta una sorpresa en una controversia vana en lo jurídico desde el instante en que se acordó unificar los antiguos tipos de abuso y agresión sexual en una sola modalidad delictiva, con lo que se adulteró el principio de proporcionalidad de las penas. Los órganos consultivos del Estado ya lo advirtieron en su día, así como todo experto sin obediencia debida a la izquierda gobernante.

El doloroso y terrorífico balance de la soberbia y la arrogancia ideológicas del Ejecutivo ha sido que 1.079 depredadores sexuales han resultado agraciados con menos tiempo de prisión, y 108 han salido a la calle. La primera reacción de la ministra Irene Montero se ha limitado a lamentar el acuerdo del Supremo y a mentir sobre el criterio unánime de la Fiscalía en torno al sí es sí cuando está lejos de ser así. El fallo del alto tribunal ha dejado en evidencia una de las mayores tropelías políticas que se recuerdan en democracia y con ella al Gobierno responsable de la ley y a todos los que la votaron. Que este episodio haya pasado sin la menor rendición de responsabilidades, sino, al contrario, ponderando las virtudes de un texto que se presentó como referente en el mundo, retrata a un Consejo de ministros que se ha cargado de razones para su relevo más temprano que tarde. Que ni una voz en la izquierda se haya solidarizado con las víctimas de los cientos de violadores favorecidos habla del vacío moral de unos gobernantes prepotentes que desprecian a los gobernados.