Ni siquiera se le había tomado declaración en sede judicial al, hasta hoy, secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cuando en una comparecencia pública el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, daba por hecha la culpabilidad de su colaborador y subordinado directo y, prácticamente, le echaba a los leones de la opinión pública sin espacio alguno para el derecho a la presunción de inocencia que asiste a cualquier ciudadano español y tras varias semanas de un discurso gubernamental victimista, sobrado de superioridad moral, que tildaba de infame cualquier información que abundara en la presunta corrupción del partido. Pues bien, un informe de la UCO, que pese a su valor indiciario no tiene fuerza de prueba judicial, ha bastado para derrumbar toda la estrategia de defensa preparada por los servicios de propaganda de La Moncloa, con varios ministros obligados a «poner la mano en el fuego» por la honorabilidad de Santos Cerdán, al que, según declaración del propio presidente del Gobierno, se le ha exigido la renuncia a su acta de diputado y a su cargo del partido, desvelando, de paso, la piadosa mentira de una dimisión por voluntad propia y en defensa de la probidad y honradez del partido socialista.

Por supuesto, en el caso Cerdán, imbricado estrechamente con la instrucción que lleva a cabo el Tribunal Supremo del anterior secretario de Organización del PSOE y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, no le asiste responsabilidad alguna a Pedro Sánchez, que fue quien nombró a los dos personajes investigados, ni por activa ni por pasiva, en un ejercicio de doble rasero por parte del líder socialista que lleva a la estupefacción, a poco que recordemos el comportamiento que ha venido exigiendo a los dirigentes del Partido Popular y sus alegaciones de que todas las acusaciones que caían como lluvia fina sobre su entorno familiar y político respondían a una conspiración contra su gobierno «de los poderosos» en colusión con jueces prevaricadores y los partidos de la oposición. Ni que decir tiene que para el presidente del Gobierno nada de lo que está ocurriendo le afecta ni personal ni políticamente.

«Esto no va de mí», dijo ayer a los periodistas en la sede del partido en Ferraz, dando a entender que la «cabeza» de Cerdán y las de los miembros de la Comisión Ejecutiva socialista que se dispone a cortar en una próxima remodelación son el parapeto con el que cubrir cualquier responsabilidad. Desde su particular visión de las cosas, a él le basta con pedir perdón a la ciudadanía y a los militantes del partido; los demás, sin embargo, tienen que sufrir todas las penas del infierno político. Es más, ni siquiera ayer renunció a acusar de graves delitos de corrupción al Partido Popular en general, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en particular, como si el espectáculo de un gobierno en desconcierto y un partido enmudecido y temeroso de lo que aún puede salir fuera un asunto menor.

No dudamos de que el presidente del Gobierno cree que puede aguantar hasta el final de la legislatura porque cuenta con el apoyo de sus socios de investidura; si bien, llegados a este punto, deberíamos hablar de complicidad. Pero mucho nos tememos que la deriva judicial ha hecho más que empezar, convirtiendo la gobernación del país en un ejercicio circense, impropio de una democracia avanzada y con retos de alta tensión política y social como el proceso de rearme, las reformas judiciales y la financiación autonómica. Es un escenario sin más salida lógica que devolver la palabra al pueblo y dictar la convocatoria adelantada de las elecciones generales. De esa forma, los españoles podrán sancionar, o no, unas decisiones políticas, como la amnistía o el pacto con Bildu, que Pedro Sánchez había negado en los últimos comicios.