El rechazo en el Congreso del decreto ley ómnibus del Gobierno, que algunos comentaristas políticos consideran unos fallidos Presupuestos encubiertos, es, por supuesto, la consecuencia lógica de la minoría parlamentaria del actual Ejecutivo de coalición, pero, también, el resultado de un modus operandi legislativo que escamotea a la discusión pública y a la controversia partidista decisiones con un calado político nada desdeñable, como la prolongación de la moratoria de desahucios o el mantenimiento de la ley antiopas, cuyos efectos en el normal desenvolvimiento de los mercados hubieran merecido, al menos un intercambio de pareceres.

Incluso la elección de la vía del decreto ley y de otros modelos, como las proposiciones de ley, que degradan las garantías del normal procedimiento legislativo, responde a una norma no escrita, la de la lealtad parlamentaria, que este Gobierno no sólo ha venido incumpliendo reiteradamente, sino que ha hecho gala de presunta astucia política frente a la risible ingenuidad de la oposición.

Desde esta experiencia, es posible que el equipo de asesores de La Moncloa crea que puede mantener en el tiempo la especie de un Partido Popular malvado, capaz de herir a los pensionistas con tal de fastidiar al Gobierno y, tal vez, sea un relato que funcione en algún sector de la opinión pública, pero, en política, hasta el cinismo tiene un límite y Pedro Sánchez lo ha sobrepasado con largueza, entre otras cuestiones, porque era perfectamente conocedor de que ni Junts ni los populares, cada uno con sus razones, estaban dispuestos a respaldar un decreto trufado de medidas ideológicas y pagos debidos a unos socios de investidura cada vez más exigentes.

En estas circunstancias, incluir la actualización de las pensiones –por otra parte, obligada por mandato legal– solo tiene una explicación posible, la centrar los focos de la propaganda negra sobre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien, suponemos, los socialistas y sus afines –léase sindicatos de clase– van a dejar expuesto durante algún tiempo, para tratar de disimular la realidad incuestionable de que el Gobierno carece de los apoyos suficientes para gobernar.

Esta estrategia tiene, sin embargo, un punto débil, que sus socios de Sumar no han tenido el menor empacho en señalar, ya que basta con que la bancada socialista apoye la proposición de ley del PP para actualizar las pensiones, que ya está presentada en el Congreso, o que el Gobierno elabore un decreto ley específico para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Lo mismo reza para los abonos al transporte público –que las comunidades gobernadas por el PP van a mantener– o el incremento del SMI. Son medidas sociales que saldrían aprobadas casi por unanimidad en menos de 15 días, pero mucho nos tememos que Sánchez prefiere la propaganda.