Ventajismo de Sánchez con la justicia europea

Desde, al menos, el 14 de septiembre de 2022, el Gobierno que preside Pedro Sánchez era conocedor, o debía serlo, de que la Comisión Europea preparaba una resolución para endurecer las penas de prisión por delitos de corrupción cometidos en el ámbito de la UE, incluidos, por supuesto, los de malversación de fondos públicos. Aun así, Sánchez impulsó la enésima reforma del Código Penal, con la evidente intención de favorecer a los condenados por la intentona golpista del procés, tal y como le exigía ERC, uno de sus socios principales, tanto en la moción de censura contra Mariano Rajoy como en el proceso de la propia investidura del líder socialista, a quienes la eliminación del delito de sedición les parecía insuficiente, porque, por sí solo, no garantizaba el pronto retorno a la política activa de Oriol Junqueras y demás compañeros de condena.

Debemos recordar que la justificación que adujo La Moncloa para llevar a cabo la rebaja penal de la malversación se basaba en la necesidad de armonizar la legislación española con la del resto de Europa. Que, en España, nadie con dos dedos de frente se creyera las explicaciones y razones del Gobierno, puesto que era evidente que se trataba de una reforma a beneficio de un grupo determinado de personas, no empece para que podamos señalar que el jefe del Ejecutivo tiró de ventajismo para sortear el problema que la planteaba el giro en la política penal europea, puesto que ya no importa el endurecimiento de las penas por corrupción que acuerde la Comisión que preside Ursula von der Leyen en lo que atañe a los condenado por el procés.

En efecto, éstos se hallan protegidos por el mismo mecanismo jurídico y constitucional que los agresores sexuales con la ley del «solo sí es sí», que impide aplicar retroactivamente una disposición legal que perjudique a los ciudadanos y exige que se tenga en cuenta la norma penal que más favorece al reo. Es decir, que cuando España tenga que incorporar la nueva directiva europea, cuyo procedimiento de aprobación no se concluirá hasta mediados de 2025, ésta sólo podrá aplicarse en las nuevas condenas.

Fue, precisamente, de lo que advirtió el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, tras examinar la propuesta española de rebaja de la malversación, por entender que suponía un riesgo para los intereses financieros comunitarios. En definitiva, que parece muy aventurado, como han hecho los portavoces gubernamentales, afirmar que «España ha hecho los deberes» en la política contra la corrupción. Todo lo que podemos conceder es que el presidente Sánchez, exigido por sus socios nacionalistas catalanes, encontró una «ventana de oportunidad» para garantizarse la permanencia en La Moncloa hasta el final de la legislatura. Una actitud poco airosa para quien presume de su próxima presidencia europea.