El Gobierno excluye a la escuela concertada de las ayudas públicas por el coronavirus

El borrador pactado entre PSOE y Unidas Podemos para la Reconstrucción Social y Económica ha excluido a la escuela concertada de las ayudas económicas destinadas a la Educación tras la crisis provocada por el coronavirus y propone que la totalidad del incremento de la inversión vaya destinada a la educación pública de gestión directa.

Así consta en el borrador de conclusiones del grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados acordado entre PSOE y Unidas Podemos, que este miércoles será sometido a debate en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

En el punto 18.1 del citado borrador, en la parte de propuestas de resolución, se puede leer: “Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”.

El texto también insta a mejorar los derechos laborales de los docentes y a incrementar progresivamente los puestos escolares en la red de centros de titularidad pública para poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes.

La universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 en condiciones de equidad es otra de las medidas que contempla el borrador, además de un aumento de los profesionales especialistas en los centros con alumnado que presente necesidades especiales o dificultades de aprendizaje.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos pone el acento en la lucha contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y en la necesidad de garantizar la inclusión y por ello pide a las comunidades que potencien los dispositivos de seguimiento y control de prácticas segregadoras y refuercen a los centros con alta concentración de alumnado en desventaja socioeconómica o de minorías.

Reforzar los programas de enseñanza on-line y la distribución de equipos digitales a los estudiantes que carecen de ellos, impulsar un plan de formación permanente y continua al profesorado para garantizar su competencia digital o establecer medidas contra el acoso y el ciberacoso, especialmente por motivos de discapacidad u orientación sexual, son otras de las propuestas en materia educativa que contempla el borrador.

La educación concertada, en peligro

Esta situación ha puesto en alerta a la educación concertada, cuya preocupación va más allá de este hecho ya que consideran que autonomías en las que confluyen factores como la baja natalidad, que irá en aumento, como es el caso de las situadas en el norte de España, junto con gobiernos autonómicos de PSOE y Podemos, pueden llevar a estos centros a una situación de asfixia definitiva hasta llegar al punto en el que tengan que echar el cierre en unos poco años en Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cataluña o Castilla-La Mancha.

Y el «remate» sería la «Ley Celaá», que se ha tramitado en el Parlamento durante el estado de alarma. De hecho, en el confinamiento las protestas no se han acallado y la concertada se ha revuelto impulsando «quedadas digitales» contra la ley.

En Comunidades como La Rioja, asegura vivir una situación crítica: en los nueve meses de gobierno Podemos-PSOE, se empezó por limitar el transporte público desde distintas localidades a niños que iban a colegios concertados, se ha eliminado el «cheque bachillerato» que subvencionaba parcialmente los estudios en estos centros y sólo en Logroño se han reducido 10 unidades de la concertada, lo que supone acabar con un 25% la oferta de Infantil en el plazo de tres años.

Menos aulas concertadas si la pública se vacía

Otras regulaciones autonómicas tampoco ayudan a la continuidad de la escuela concertada, como es el caso de Cataluña, donde está vigente un decreto ley para convertir colegios privados, concertados o municipales en públicos. La medida facilita el traspaso de titularidad del centro si el dueño del colegio lo pide y la Administración educativa necesita plazas para atender las demandas de escolarización. Al menos dos centros ya han cambiado de titularidad. A esto se suman otros dos decretos en elaboración: el de conciertos y el de admisión de alumnos, que han recibido ya el rechazo de las familias. Los dos «supondrían una alteración de la confección del mapa escolar, de la oferta y la demanda, una falta de respeto a la demanda social y una programación educativa sin tener en consideración las unidades autorizadas, además de un incremento de los requisitos para concertar que no están en la norma básica», asegura Miquel Mateo, de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña.

«La suma de todos los factores puede hacer que tengamos que reducir unidades en aquellos municipios en los que la escuela pública tiene plazas vacías», dice Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas. «La ley Celaá elimina el criterio de demanda social de los padres y prima la planificación de la Administración de tal manera que deja en manos de las consejerías de Educación qué centros continúan en funcionamiento».