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La concertada se revuelve contra Celaá con protestas

Cree que la reforma de la ley de Educación que impulsan PSOE y Podemos «vulnera los derechos y libertades ciudadanas» y compromete su supervivencia

Multitudinaria manifestación de la educación concertada en coche por Logroño
La manifestación en coche que colapsó el pasado 31 de mayo las calles de Logroño convocada por entidades de la educación concertada como protesta a la decisión del Gobierno riojano (PSOE y Podemos) de suprimir diez aulas concertadas de ocho centros de La Rioja el próximo curso escolarRAQUEL MANZANARESEFE

La escuela concertada, en la que estudian uno de cada cuatro niños españoles, no está dispuesta a mantenerse con los brazos cruzados con el cúmulo de enmiendas que ha presentado en el Congreso la coalición PSOE-Unidas Podemos a la «ley Celaá», que consideran una amenaza para su supervivencia. Y más después de que el portavoz de Educación de la formación morada hablara de la concertada como una «anomalía» a superar a través de la reforma educativa (lomloe) que ha iniciado su tramitación en el Congreso. «Esta manifestación contradice las llamadas a la serenidad de la propia ministra, Isabel Celaá» sobre el futuro de este modelo educativo, aseguran en un comunicado conjunto respaldado por Escuelas Católicas, la patronal CECE, las asociaciones de padres Concapa y Cofapa y los sindicatos FSIE y Feuso.

La concertada no ha ocultado su «hartazgo» después de que considere que las 117 enmiendas conjuntas presentadas por PSOE y Unidas Podemos «confirmen su voluntad de incrementar el número de plazas exclusivamente públicas en todos los niveles educativos y, especialmente en el tramo de edad de cero a tres años (Educación Infantil)». Creen, además, que se trata de acabar con la complementariedad de la red pública y la concertada, y de suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir las aulas, incrementar el control de la Administración en el proceso de admisión de alumnos, implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias, reforzar el criterio de zonificación y eliminar progresivamente los centros de educación especial. A su larga lista de agravios que, desde su punto de vista acarreará la reforma educativa que pretende impulsar el gobierno de coalición, suman que se pretendan establecer actividades complementarias gratuitas y obligatorias «con un posible contenido ideológico al margen del proyecto educativo del centro, suprimir el concierto a los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas, imponer valores no consensuados mediante una asignatura específica que parece la reedición de Educación para la Ciudadanía e introducir determinadas líneas trasversales (perspectiva e ideología de género, memoria democrática...)».

Lamentan que la reforma no plantee mejoras para el profesorado de la concertada y no se concretan incrementos de los módulos de concierto. Es por esto por lo que consideran que «menoscaba la seguridad jurídica y laboral en el sector y tendrá graves consecuencias sobre el mantenimiento y la calidad del empleo». De esta forma, las organizaciones que representan a la concertada harán una campaña informativa sobre el contenido de la ley y han anunciado que pondrán también en marcha movilizaciones ante lo que consideran una «vulneración de los derechos y libertades ciudadanas que está reconocidas en la Constitución».