España ante el abismo de una crisis institucional

La mayoría de las encuestas publicadas ha pronosticado que la lista de Juntos por el Sí se quedará hoy a varios escaños de la mayoría absoluta y que para alcanzarla necesitaría de la CUP, la extrema izquierda asamblearia y nacionalista. Así la podrían conseguir, pero los soberanistas perderían las elecciones plebiscitarias porque no alcanzarían la mayoría de votos. Las urnas se abren esta mañana sin que los sondeos hayan servido para dar luz al enigma de quién gobernará la Generalitat a partir de ahora. Tanto, que en el bloque constitucionalista no descartan por completo la posibilidad de que la candidatura de Raül Romeva pueda no alcanzar la mayoría absoluta ni con la CUP. La clave para que haya margen para la gran sorpresa está en una participación muy alta, por encima del 70 por ciento. Y es que hay un 20 por ciento de indecisos y, confirmada la movilización del voto independentista, los expertos señalan que esa bolsa es en líneas generales ajena a la agenda que defiende la desconexión con España. Está por tanto ahí, aunque sea la opción menos previsible, la posibilidad de que se queden por debajo del 47 por ciento de los votos que obtuvieron en 2012 y no alcancen los 68 diputados, ni siquiera con la CUP.

Cada posible resultado electoral –mayoría absoluta sin la CUP, con la CUP o mayoría del bloque contrario a la independencia– abre un escenario político muy distinto. Pero desde Moncloa advierten de que cambia poco, en cualquier caso, el problema real que ha creado el órdago independentista que tutelan Artur Mas y Oriol Junqueras: el de la ruptura de la convivencia en Cataluña. Unido a la grave inestabilidad política en la que se sumerge el país. «Cataluña se enfrenta a un problema de convivencia social y de deterioro económico. La independencia no es una opción realista. En ningún escenario y bajo ninguna circunstancia», sostienen en fuentes populares. Aunque sí colocaría a España ante una grave crisis constitucional que afectaría a la confianza de las empresas. Aunque la independencia no sea posible, la tensión que acompañaría al proceso perjudicaría a Cataluña y a España.

Esto sitúa, además, al Gobierno de la Nación ante un reto sin precedente porque entiende que no puede hacer nada concreto, pero al tiempo lo tiene que hacer todo. Parece contradictorio, pero la explicación se sostiene en el hecho de que en la cúpula popular están convencidos de que la reforma constitucional no es una salida para el laberinto catalán. Más allá del discurso oficial que no propugna esta reforma, y que se mantendrá de cara a la próxima legislatura, en el Gobierno y en la dirección popular han reflexionado mucho sobre la viabilidad de emprender esa «aventura». Y la conclusión no deja matices: en el 78 no había comunidades autónomas y era más fácil hacer el diseño; «ahora, plantear una modificación constitucional para calmar al independentismo es no entender los equilibrios ni las tensiones que existen en nuestro modelo territorial. Ninguna comunidad aceptará perder estatus con respecto a Cataluña y eso ya se vio cuando el Gobierno de Zapatero puso en marcha la modificación del Estatuto catalán», alertan.

Si se cumple el pronóstico de la mayoría independentista, el Ejecutivo tendrá que buscar mecanismos para dirigirse directamente a los ciudadanos sin intermediarios que han dejado de existir. Y suceda lo que suceda en las urnas, estas elecciones confirman el fin del nacionalismo moderado y a partir de ahora, «a falta de embajadores políticos, habrá que tomar las riendas de la relación». «Si ganan los independentistas, no habrá nada que hacer con la Generalitat. Salvo intervenirla, en su caso», afirman fuentes populares. El análisis del Gobierno asume que para enfrentarse a las instituciones gobernadas por los independentistas necesitaría un enorme respaldo social, en el resto de España y también en Cataluña.

No obstante, aunque el problema es grave, también templan la dimensión de la crisis con la precisión de que lo que realmente desestabiliza a un país son los que tienen fuerza o poder real, el terrorismo o un golpe militar. Mientras que el desafío independentista tiene enfrente toda la fuerza de la legislación española y la legislación internacional. La independencia no es una opción verosímil en el ámbito europeo, pero es evidente que Cataluña es un elemento de inestabilidad más que afecta a la imagen exterior de España en un tiempo electoral que siempre, por principio, pone en guardia la confianza del dinero y de los inversores.

Los catalanes se enfrentan hoy a un reto que toca al resto de España. Ésta ha sido una campaña atípica y sin precedentes en aspectos como la participación en ella de agentes externos a la política y de mandatarios internacionales de primer nivel como la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro británico, David Cameron; o el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Precisamente ahí, en desmontar el irreal discurso internacional del soberanismo, es donde con más certeza ha golpeado la estrategia del Gobierno. Aunque las urnas dirán si esta estrategia de multiplicar los pronunciamientos y los esfuerzos pedagógicos sobre las consecuencias de la independencia cala en medio de la efervescencia electoral. En el Gobierno son, además, muy conscientes del problema que plantea el voto de los que no quieren la ruptura, pero que creen que Artur Mas va de farol con su desafío.

El lunes, en ningún caso, terminará el «lío», suceda lo que suceda en las elecciones. Por delante se abrirá un proceso lleno de interrogantes gane o pierda el bloque independentista. Sólo la victoria por mayoría absoluta de la lista de Juntos por el Sí deja más espacio a la continuidad de Artur Mas como presidente de la Generalitat, y habría que ver. Será, en todo caso, el inicio de una nueva etapa en la que el Gobierno de la nación tendrá que hacer cumplir la ley antes de buscar otras vías de escape a la política. El PP intentará la de la financiación autonómica. Mientras, Mariano Rajoy buscará tender puentes con el jefe de la oposición, Pedro Sánchez.

Cataluña-España. El «lío» de nunca acabar

«¿Cuándo empezó todo esto?», pregunta un enviado especial del rotativo japonés Asahi Shimbun. La historia podría remontarse a 1714, cuando Barcelona cayó ante las tropas borbónicas, como gusta rememorar a algunos soberanistas. Hay quien prefiere remontarse hasta la Transición, cuando se pacta el café para todos, para explicar la historia de dos gobiernos, el español y el catalán, que han jugado a un tira y afloja. Pero la mayoría coincide en que el proceso acelera en 2010, cuando el Consitucional dictó una sentencia contra un estatut aprobado en las Cortes y refrendado por el pueblo. Los medios catalanes escribieron un editorial conjunto y llamaron a una manifestación en el centro de Barcelona que fue masiva. Pero ni ese año ni el siguiente 11 de septiembre, los catalanes saldrían a la calle para pedir la independencia. No fue hasta 2012, que jaleados por lANC y Òmnium, un millón y medio de personas según la Guardia Urbana recorrieron las calles de Barcelona bajo el lema, «Cataluña, nuevo estado de Europa». Artur Mas, con CDC en horas bajas se escudó en el «no» de Mariano Rajoy al pacto fiscal, para abrazarse a la estelada. Compró la teoría de que el independentismo equivale a la centralidad en la sociedad catalana. Le valió romper con Unió. Hoy podrá valorar su teoría.