Un calendario “político” para medir el giro en la Fiscalía

La Fiscalía que dirigirá Dolores Delgado tiene ante sí en los próximos meses un calendario repleto de citas de indudable calado político, con el «procés» y el PP como protagonistas, unas actuaciones en las que el Ministerio Público tendrá que posicionarse, lo que permitirá comprobar hasta qué punto la designación de la ex ministra de Justicia como fiscal general del Estado condiciona el papel de la acusación pública en los casos con más aristas políticas.

El próximo lunes, sin ir más lejos, comienza el juicio al mayor Josep Lluís Trapero y a la ex cúpula de los Mossos por su papel en el desafío soberanista en Cataluña. Tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en el juicio del «procés», el Ministerio Público está obligado a rebajar su acusación a sedición, y no a rebelión, algo que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, podría hacer incluso en la primera sesión del juicio, sin esperar al trámite de conclusiones definitivas al final de la vista oral. La Fiscalía pide once años de prisión para Trapero, pero está por ver si el afán del Gobierno de Pedro Sánchez por «desjudicializar» el «conflicto» político en Cataluña tiene su primer banco de pruebas en el juicio a la ex cúpula de la Policía catalana.

Dos investigaciones, éstas todavía en marcha, también permitirán realizar la prueba del algodón al comportamiento de la Fiscalía. Pese a las dudas de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la acusación pública sigue defendiendo a día de hoy que se investigue por terrorismo a los siete integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el pasado septiembre en la «operación Judas». Todos ellos están ya en libertad, los dos últimos con la oposición del fiscal del caso, una reivindicación del independentismo, que exigió su salida de prisión durante los tres meses que permanecieron en la cárcel. El rumbo que tome la actuación fiscal a partir de ahora, al igual que en la investigación a Tsunami Democràtic, la asociación que agitó la respuesta callejera a la sentencia del «procés» –que desencadenó una semana de violencia en Barcelona– será un indudable termómetro del cambio de fiscal general. No en balde, la antecesora de Delgado, María José Segarra, al igual que hizo con los fiscales de Sala del Tribunal Supremo adscritos a la causa contra los líderes independentistas, respetó el criterio de los representantes del Ministerio Público sin transigir con los «gestos» que reclamaba el independentismo.

Pero si hay un asunto en el que la Fiscalía deberá «mojarse» será en la progresión de grado –con la vía de semilibertad del artículo 100,2 de la Ley Penitenciaria como alternativa– de los líderes independentistas, encabezados por el líder de ERC Oriol Junqueras, condenados en el juicio del «procés».

Al margen de las causas relacionadas con el desafío soberanista –incluidas la investigación del 1-O en los juzgados de Barcelona y el juicio por desobediencia a cinco ex integrantes de la Mesa del Parlament y a Mireia Boya (CUP)–, el calendario del Ministerio Público incluye unas cuantas causas de corrupción vinculadas a ex cargos públicos y dirigentes del PP, con las ramificaciones del «caso Gürtel» y «Púnica» como principales exponentes. Los populares recuerdan aún el comentario en Twitter de Delgado –entonces fiscal de la Audiencia Nacional– tras la declaración como testigo de Mariano Rajoy en el juicio a la primera época de la «trama Gürtel». «Insoportable esta corrupción sistémica. Lo de hoy ha sido patético, triste e indignante», escribió la después ministra de Justicia.

Todavía sin fecha, el papel de la Fiscalía será determinante, por ejemplo, en el juicio por la «caja B» del PP, en el que el partido está acusado como responsable civil subsidiario .