Los jueces dictan prórrogas masivas de causas para evitar su cierre en falso

El Gobierno ha iniciado los trámites para derogar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que impuso un plazo máximo de seis meses, prorrogables a 18, con el supuesto propósito de agilizar los procesos judiciales. Para ello, el PSOE acaba de presentar una proposición de ley en el Congreso para tumbar la medida, al considerar que esa limitación temporal «genera una manifiesta inseguridad jurídica y la impunidad de muchos delincuentes que tratan de aprovechar los recovecos e incoherencias» de esa regulación.

«En el momento actual no conocemos con certeza cuántas causas [judiciales] han visto concluido el plazo de su instrucción», apunta la proposición de ley socialista, «pero lo que sí sabemos es que se ha procedido a solicitar y dictar prórrogas en masa para impedir que miles de asuntos se cerrasen en falso, sin poder pedir más pruebas ni practicar acusación contra nadie». Otra consecuencia indeseable de esa regulación es el inicio de juicios orales sin haberse recabado previamente todas las pruebas. El PSOE y Unidas Podemos dan por hecho que cuentan con apoyos suficientes en el Congreso, incluidos los grupos nacionalistas, independentistas y minoritarios, para derogar la medida del PP.

La modificación del artículo 324 de la Lecrim establecía un plazo máximo de seis meses para la instrucción de un procedimiento penal, que podía prorrogarse hasta los 18 meses si la complejidad de la instrucción así lo requería. Pero si esa limitación temporal de medio año se sobrepasaba sin haber acordado la prórroga, se declaraba automáticamente la nulidad de todas las diligencias practicadas con posterioridad a dicho plazo.

El PSOE argumenta que ese acortamiento de los plazos se llevó a cabo sin tener en cuenta la precariedad de medios de la Administración de Justicia, lo que «ha supuesto en la práctica» diaria de quienes deben investigar los hechos que se juzgan un conjunto de dificultades de primer orden para poder completar esas indagaciones en los plazos previstos». Y añade: «La falta de previsión ha tenido y está teniendo especial incidencia en aquellas instrucciones de especial complejidad, como pueden ser las de corrupción, las de criminalidad organizada y las de fraude fiscal».

El Congreso ya aprobó el pasado septiembre, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP, una iniciativa similar de Podemos para derogar el artículo 324 de la Lecrim. Pero la proposición decayó al acabar abruptamente la legislatura y convocarse las elecciones generales del 10-N. En aquella ocasión, Podemos justificó dicha derogación en la necesidad de poner fin a lo que algunos juristas llamaron «ley de punto final», que la formación liderada por Pablo Iglesias rebautizó como «ley Berlusconi», al considerar que la reforma del PP era «un ejemplo evidente de la degradación de las instituciones al servicio de la impunidad de los poderosos y desde dentro del propio Estado».

La proposición de ley del PSOE critica ahora el «absoluto desconocimiento del proceso penal» por parte del PP, «que ha supuesto la creación de una nueva causa de extinción de la responsabilidad y prescripción encubierta de los delitos más complejos, como son los relacionados con la corrupción». Sostienen los socialistas que «una justicia tardía no es justicia, pero tener por objetivo primordial una justicia rápida, sin ponderar suficientemente los modos de llegar a ella, puede dar lugar a resultados igualmente injustos».

Los socialistas también arremeten contra la reforma del PP porque ésta atribuye el control de la duración de la instrucción no al juez, sino al fiscal. «Otorgar a los fiscales la responsabilidad en exclusiva de instar la prórroga inicial del plazo de la instrucción judicial (...) puede generar un riesgo de impunidad inaceptable». Añade la proposición de ley del PSOE que «para desarrollar la tarea encomendada, los fiscales deben acudir a las oficinas judiciales y abrir sus armarios, literalmente, para comprobar el estado de los procedimientos judiciales y anotar en un simple papel las causas cuyos plazos están próximos al vencimiento. Esto es así porque juzgados y fiscalías ni siquiera cuentan con sistemas informáticos coordinados entre sí».