Torra se enfrenta a una nueva condena por desobediencia

Los problemas por negarse a retirar lazos amarillos o pancartas en favor de los condenados del «procés» se le comienzan a acumular al todavía presidente de la Generalitat, Quim Torra. En un principio, fue condenado a 18 meses de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al desobedecer los mandatos de la Junta Electoral Central de retirar unos lazos amarillos de sedes institucionales. Esta condena derivó recientemente en que haya perdido el acta de diputado autonómico. Y ahora, se tendrá que enfrentar a otra nueva causa por un motivo idéntico: negarse a retirar, en septiembre de 2019, una pancarta con el lazo amarillo de la fachada de la Generalitat en la que se reclamaba la «libertad de los presos políticos y exiliados», en referencia a los condenados por el Supremo en la causa del «procés» y quienes se encuentran prófugos en ese mismo procedimiento, como el ex presidente Carles Puigdemont.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió ayer su competencia para investigar esos hechos por la posible comisión de un nuevo delito de desobediencia, castigado con inhabilitación. En auto se señala que el pasado 23 de septiembre fue requerido personalmente por la Letrada de la Administración de Justicia para que en un plazo de 48 horas retirara dicha pancarta y el lazo amarillo incrustado en la misma.

Ante ese requerimiento, Torra se negó a obedecer ni tampoco ordenó que se retirara. Sólo el 27 de septiembre se acató la decisión judicial después de que agentes de los Mossos d’Esquadra fuesen requerido para ello por el propio tribunal.

En un principio, estos hechos se instruían en la Sala de lo Contencioso-Admimnistrativo del TSJ de Cataluña, pero al desprenderse indicios de responsabilidad penal es por lo que, con apoyo del fiscal y de la Asociación Impulso Ciudadano –la que inició esta causa– se ha remitido a la Sala Civil y Penal.

Esta nuevo procedimiento contra Torra se tramitará cuando el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre el recurso interpuesto por Torra contra su condena. Esta decisión del Supremo no producirá hasta dentro de unos meses. Si se confirma, quedará inhabilitado para cargo público.