El desafío independentista

Torra recusa a tres magistrados del TSJ catalán en la nueva causa abierta por desobediencia

Sostiene que dos de ellos tienen un “prejuicio previo” contra él y el tercero está “estrechamente vinculado” al PSC

El presidente de la Generalitat, Quim Torra / Efe
El presidente de la Generalitat, Quim Torra / Efelarazon

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recursado al presidente de la Sala Civil y penal del TSJ de Cataluña, Jesús María Barrientos, y a los magistrados de la misma Carlos Ramos y Mercedes Armas en relación con la nueva causa por un delito de desobediencia abierta contra él recientemente, al negarse a retirar, en septiembre de 2019, una pancarta con el lazo amarillo de la fachada de la Generalitat en la que se reclamaba la «libertad de los presos políticos y exiliados», en referencia a los condenados por el Supremo en la causa del «procés» y quienes se encuentran prófugos en ese mismo procedimiento, como el ex presidente Carles Puigdemont.

El motivo esgrimido por Torra en los tres casos es idéntico: haber participado en el procedimiento que terminó en su condena a 18 meses de inhabilitación por ese mismo delito; sentencia sobre la que tendrá que pronunciarse en último extremo el Tribunal Supremo al resolver el recurso del presidente de la Generalitat.

En sus escritos, Torra alude, en las recusaciones de Barrientos y Mercedes Armas, a un supuesto “prejuicio previo” por parte de ambos magistrados, ya que ambos formaron parte del tribunal que le condenó por desobediencia, “basado en unos hechos que, esencialmente, son los mismos” que ahora se le imputan en la nueva causa.

En relación con Carlos Ramos, nombrado instructor, se destaca que ya fue recusado en el anterior procedimiento en dos ocasiones y que accedió al TSJ a propuesta del PSC - dentro de la terna presentada al CGPJ por el Parlament-, “partido estrechamente vinculado al magistrado”.

Junto a ello, señala, en relación con los hechos imputados en esa ocasión, como en la anterior, vulneran derechos fundamentales. “Pretender que se retire simbología de carácter politico, que incluye reivindicaciones relacionadas con los derechos humanos no es otras cosa que pretender una injerencia de los poderes públicos en el derecho fundamental a la libertad de expresión de un parlamentario, que también era -y es- President de la Generalitat”.