El PP pide que ningún político pueda ser fiscal general en un plazo de cuatro años tras dejar el cargo

El Partido Popular registrará hoy en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para impedir que nadie que haya ocupado algún cargo político, ni a nivel europeo, nacional, regional o local, pueda ser nombrado fiscal general del Estado en un plazo de cuatro años desde que dejó tal actividad política o desempeñado algún cargo orgánico en un partido. Se pretende evitar que suceda lo que ocurrirá con Dolores Delgado, quien será nombrada la próxima semana fiscal general tras haber sido ministra de Justicia y diputada del PSOE, sin espacio intermedio alguno.

De esta forma, según la reforma propuesta por el PP, no podrán ser propuestos por el Gobierno y por tanto ser designados como Fiscal General del Estado «las personas que hayan desempeñado en los últimos cuatro años anteriores a la propuesta cargo político o de confianza en virtud de Real Decreto, Decreto autonómico o acuerdo de Pleno de Entidad Local, o elegidos para cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, Juntas Generales de los Territorios Históricos o Corporaciones locales, así como quienes hayan ocupado algún cargo orgánico en un partido político en el mismo plazo»

En la propuesta del PP, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se establece igualmente como novedad que el candidato a responsable máximo de la Fiscalía, además de someterse al control de «méritos e idoneidad» de la Comisión de Justicia; informe que, posteriormente deberá ser aprobado por una mayoría de dos tercios del Congreso. Y, junto a ello, se reclama que el fiscal general no pueda ser renovado para un segundo mandato, salvo que haya ostentado el cargo durante menos de dos años

Es decir, los populares pretenden establecer dos límites al nombramiento del fiscal general: Que transcurran al menos cuatro años desde que abandonó cargos políticos o en un partido y que deba ser refrendado por una amplia mayoría en la Cámara Baja.

En la Proposición de Ley se justifica la iniciativa en la necesidad de mejorar en los mecanismos que garanticen «la necesaria independencia, imparcialidad y neutralidad del máximo órgano de la Institución del Ministerio Fiscal». En este sentido, se alude a distintos informes del GRECO (Grupos de Estado contra la Corrupción) del Consejo de Europa, el último de los cuales, del pasado mes de noviembre, volvía a constatar que España no cumplió con la recomendación de dotar a la Fiscalía de una mayor autonomía.

Por ello, la modificación, argumenta el PP al respecto, pretende desarrollar «los principios constitucionales de independencia, imparcialidad y neutralidad de la Administración de Justicia y del Poder Judicial en la figura del fiscal general del Estado; y, de esa forma, acabar con la percepción de que la Justicia en España necesita «consolidar su funcionamiento independiente y esto supone un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza de los españoles en la equidad y eficacia del sistema jurídico»