Dolores Delgado tendría que abstenerse en casos como «Gürtel» o el «procés»

Dolores Delgado cumplirá hoy el trámite de comparecer ante la Comisión de Justicia como paso previo para que el Gobierno la pueda ya nombrar el próximo martes fiscal general del Estado. No será una comparecencia nada fácil, sino más bien se prevé dura e incómoda. Tendrá que escuchar voces que criticarán muy duramente que haya pasado sin solución de continuidad del Poder Ejecutivo a principal responsable de la Fiscalía, con un breve lapsus de tiempo en que ostentó el acta de diputada. Pasará el trago, será nombrada fiscal general la próxima semana y empezará un mandato con las más que dudas de políticos y asociaciones fiscales sobre su imparcialidad por la vinculación tan estrecha que ha tenido con el Ejecutivo y con un partido, el PSOE, del que ha sido diputada hasta hace pocas semanas.

Cuando llegue a su despacho de la Fiscalía General del Estado se encontrará en poco tiempo algunos asuntos que pueden marcar su línea: nombramientos de para la cúpula fiscal y el pronunciamiento del Ministerio Público en algunos asuntos de interés. Pero, además, está la duda de si tendrá que abstenerse o arriesgarse a que pueda ser recusada en procedimientos más que relevantes, como por ejemplo, todo lo relacionado con el «caso Gürtel» o la posición del Ministerio Fiscal en los recursos que interpondrán los condenados del «procés» ante el Tribunal Constitucional.

Sobre este extremo, la mayoritaria Asociación de Fiscales no tiene dudas de que deberá abstenerse de intervenir en no pocos asuntos de especial relevancia, «incluidos aquellos cuyo resultado concreto puedan interesar al Gobierno que le ha propuesto». Y es que a Delgado sería de aplicación el mismo precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que a los jueces en todo lo relacionado con las causas de abstención. En concreto, estaría afectada por lo dispuesto en el artículo 351 de al Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece que los « jueces y magistrados, y los funcionarios de otros cuerpos, que reingresen en la Carrera correspondiente deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público». Esta disposición aplicable a jueces y magistrados lo es también por extensión a los fiscales, según las fuentes consultadas.

Así, en todas las causas donde sea parte un partido político o algunos de sus dirigentes no podría intervenir Dolores Delgado a la hora del dictamen que tenga que emitir el Ministerio Público al respecto. Así, señalan que, por ejemplo, en «la “Gürtel” aparece implicado el PP y en los recursos del “procés” también están afectados políticos, por lo que no podría dar ninguna instrucción».

Junto a ello, una de las primeras piedras de toque de Delgado serán las propuestas de nombramiento que deben realizar a corto plazo y que afectarán a altos cargos de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo. Así, deberá abordarse la renovación del teniente fiscal del Tribunal Supremo y número 2 de la Fiscalía, que, en estos momentos, ocupa Luis Navajas, así como la del Inspector Jefe, cargo que ostenta Fausto Cartagena , cuyo mandato vence el próximo mes

Junto a ello, habrá de cubrirse las vacantes por jubilación de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo Antolín Herrero (Penal), José María Paz (Civil) y Anselmo Sánchez Tembleque (Siniestralidad laboral. Aquí será relevante no sólo los nombres, sino si seguirá o no el criterio que exprese el Consejo Fiscal, órgano representativo de la Carrera y donde tiene mayoría la Asociación de Fiscales frente a la UPF, a la que pertenecía Delgado hasta que fue nombrada ministra de Justicia.

Dentro del seno de la propia Carrera tendrá también que negociar para ver cómo los fiscales de tercera categoría que han ejercido funciones de una categoría superior que presentaron demandas individuales por ello perciben las cantidades a las que tienen derecho, ya que frente a muchas de esas demandas ni siquiera se planteó oposición. «Es un derecho que existe y que habrá que abonarlo», señala Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Hasta ahora, se estima que ronda ya los 75 millones de euros.