Presos totalmente aislados, menos los del «procés»

Desde el pasado jueves, los 69 centros penitenciarios que dependen del Ministerio del Interior –todos, salvo los de Cataluña– permanecían parcialmente aislados, al haber sido canceladas todas las comunicaciones entre los presos y sus familias, incluidas las relaciones íntimas o «vis a vis». A partir de ahora, tras la aprobación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma y se limitan los movimientos y desplazamientos de los ciudadanos, el aislamiento será total, ya que también quedan suspendidas las comunicaciones de los internos con sus familiares y abogados a través de locutorios separados por mamparas de cristal en los centros penitenciarios.

La medida, que afecta a 50.800 reclusos y 23.000 funcionarios, comenzará a aplicarse a partir de hoy lunes, ya que durante este fin de semana se han permitido las comunicaciones que ya estaban programadas y autorizadas con antelación. Para compensar estas restricciones,Prisiones autorizará a los internos a realizar 15 llamadas telefónicas a la semana, en lugar de las 10 permitidas hasta ahora.

Las cárceles son un foco de riesgo para la expansión del coronavirus, ya que no sólo concentran a un gran número de personas en situación de reclusión, sino que éstas son en muchos casos enfermos inmunodeprimidos o presos drogodependientes con un estado de salud muy delicado, y por tanto más vulnerables al virus. La preocupación de Interior es evitar que el coronavirus se transmita a los internos, ya que las cárceles no tienen capacidad suficiente para aislar individualmente a cientos de eventuales contagiados. Eso no impide que los presos que han retornado a prisión tras un permiso sean recluidos en módulos separados para pasar una cuarentena de 14 días.

Los sindicatos de prisiones, entre ellos el mayoritario AcaipUGT, han reclamado a Interior que aplique restricciones más duras a los internos, entre ellas la anulación de los permisos, la entrada y distribución de paquetes entre los presos y la suspensión de toda actividad en los talleresdeloscentrospenitenciarios donde trabajan los presos. De hecho, éstos ya no pueden acudir al gimnasio ni participar en actividades sociales o culturales en el interior de las cárceles. CC. OO. también ha denunciado que los familiares que acuden a los locutorios «se hacinan en salas de espera y en las cabinas, sin respetar la distancia de seguridad».

Por su parte, el sindicato Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones se quejaba este fin de semana en un comunicado de que los funcionarios «no disponen de mascarillas, tanto quirúrgicas como de filtración, ni de dosificadores de gel con solución hidroalcohólica, ni de guantes de protección. En las cárceles estamos a pecho descubierto». De momento, una trabajadora del jardín de infancia de la cárcel madrileña de Aranjuez, encargada de cuidar a los menores de tres años que conviven con sus madres presas, ha dado positivo en coronavirus, al igual que un preso en Zaballa (Álava) y dos funcionarios de la prisión de Picassent (Valencia), que han sido aislados.

Interior quiere impedir a toda costa que se reproduzcan en las cárceles españolas los motines que se han producido en varias prisiones italianas, que han dejado un balance de seis muertos y varios presos fugados. Las protestas se desataron, precisamente, tras aplicar unas medidas muy similares a las que se han puesto en marcha en los centros penitenciarios de nuestro país, es decir, las restricciones en el régimen de visitas de los reclusos para tratar de frenar el coronavirus. En Módena, al norte del país, seis internos murieron durante las revueltas, tres de ellos tras asaltar la enfermería e ingerir todo tipo de fármacos, lo que les provocó la muerte por sobredosis.

En Cataluña, que tiene transferidas las competencias de prisiones al igual que el País Vasco, las rutinas de los presos del «procés» se mantienen, por ahora, inalterables. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat no ha suspendido los permisos de salida de Oriol Junqueras y el resto de dirigentes políticos y sociales condenados por su implicación en el «procés».