Sánchez desoyó comprar test y limitar vuelos hace un mes

Hace exactamente dos meses, el diputado del Partido Popular en el Congreso José Ignacio Echániz registró una solicitud para conocer las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba tomando para contener los efectos que la llegada del Covid-19 pudiera provocar en España. Lo hizo el 23 de enero y, en concreto, reclamó al Ministerio de Sanidad un informe sobre «el Protocolo de actuación diseñado y aplicado por dicho Ministerio para garantizar la salud pública frente al coronavirus detectado en China». Desde esa fecha y hasta la semana previa a la declaración del estado de alarma, los grupos de la oposición, fundamentalmente el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, registraron en la Cámara Baja casi medio centenar de iniciativas sobre esta materia sin que Moncloa moviese ficha y articulara una respuesta anticipada a la actual crisis sanitaria.

En febrero, tanto el PP como Vox registraron varias proposiciones no de ley (PNL) en las que instaban al Gobierno de Sánchez a actuar frente a esta amenaza. Los de Santiago Abascal plantearon en dos de estas iniciativas que se tomaran medidas especiales en lo concerniente a los vuelos llegados de zonas con un número elevado de contagios, en concreto, con los procedentes de China e Italia. En dos PNL llevadas al registro de la cámara los días 24 y 25 de febero –hace hoy un mes–, Vox pedía que los «extranjeros sin residencia legal en España» que hubieran visitado China o Italia «en los catorce días anteriores al viaje» no pudieran «entrar en España». Del mismo modo, proponían que a los españoles que vinieran en vuelos desde estos dos países fueran redirigidos «a cuatro aeropuertos, a fin de someterles a un cribado de salud, que incluirá, al menos, medida de temperatura, e historia de fiebre, tos, dificultad al respirar, u otros síntomas sospechosos». Los que presentaran síntomas, añadía Vox, serían trasladados a un hospital, mientras que el resto se vería obligado a realizar en su domicilio una «cuarentena durante catorce días», supervisada desde su centro de salud, al que previamente se habría dado traslado del caso. La proposición no de ley presentada por el PP en aquellos mismos días –en los que había únicamente 400 casos en Italia y 17 en España– reclamaba al Ejecutivo que «habilite partidas presupuestarias adicionales con las que cubrir, aunque sea parcialmente, las necesidades de recursos humanos y materiales que afronten las Autonomías para hacer efectivo el refuerzo de la detección precoz y el abordaje integral del nuevo coronavirus». Ya en marzo, Ciudadanos llevó al Parlamento otra PNL con la que, anticipándose al Gobierno, abordaba las necesidades en torno a la «cobertura de la cotización por la Seguridad Social durante la situación de incapacidad temporal» de los afectados por el coronavirus. Y Vox, dos días antes de que Moncloa animase a participar en las marchas del 8-M, registró otra propuesta «relativa a la adopción de medidas ante el coronavirus».

En materia de seguimiento de datos e información, el 4 de marzo, Ciudadanos planteó la creación de una Subcomisión, dentro de la Comisión de Sanidad y Consumo, para conocer la evolución de la epidemia. Una semana más tarde, el PP propuso poner en marcha en la Cámara Baja una comisión no permanente de seguimiento del brote del nuevo coronavirus.

Pero las alertas de los grupos de la oposición al Gobierno en torno a esta crisis sanitaria no han llegado únicamente a través de proposiciones no de ley, solicitud de informes y creación de comisiones. En las semanas previas a que Moncloa reaccionara y abandonase su discurso tranquilizador respecto a la capacidad del virus de propagarse de forma comunitaria en nuestro país, los partidos con representación en el Parlamento formularon un total de 37 preguntas sobre esta materia al Gobierno. Ocho de estas cuestiones fueron ya registradas en enero. En su mayoría se referían a la situación que atravesaban los españoles residentes en China, y más concretamente en Wuhan. Aunque alguna de ellas, como la formulada el 22 de enero por la diputada de Ciudadanos Marta Martín Llaguno, ya ponía el acento en la necesidad de actuar en España: «¿Ha puesto en marcha el Gobierno de España alguna medida de vigilancia y prevención ante posibles indiciones de brotes de este nuevo coronavirus en nuestro país?», planteaba la diputada naranja. En su respuesta, el Gobierno se limitó a señalar que «España está realizando actuaciones en la línea propuesta por la OMS desde el día 7 de diciembre de 2019» y a poner en valor los comités de seguimiento implementados desde entonces.

Ya en febrero y marzo, la oposición formuló una batería de preguntas sobre cuestiones que, en estos días, han ido marcando la agenda del Gobierno, como el impacto de esta crisis en sectores como el turismo o el comercio, las garantías de los profesionales sanitarios ante la posibilidad de verse afectados por el virus, la necesidad de acometer una compra centralizada de material sanitario, la disponibilidad de test de diagnóstico o la articulación de medidas para prevenir el contagio en residencias de mayores.