El coronavirus es un peligro sanitario que constituye un riesgo grave para la salud y la vida de las personas. Por ello, el Gobierno debe realizar todos los esfuerzos necesarios para que ese riesgo sanitario sea evaluado científicamente con las garantías debidas. Sin una evaluación con criterios científicos, quien tiene que adoptar las decisiones ante esa amenaza va a oscuras. Además, si la evaluación es realizada por un comité desfigurado la evaluación es en sí misma un riesgo adicional.

Una evaluación de riesgos sanitarios es un proceso con fundamento científico porque consiste en identificar el factor de peligro, caracterizarlo, determinar la exposición, caracterizar el riesgo, y determinar las medidas científicas para mitigarlo. No es por tanto la evaluación una tarea de políticos, sino de científicos con experiencia.

Para evitar que la evaluación quede distorsionada por intereses particulares o que sea de mala calidad técnica, ha de hacerse en el seno de un organismo público o de un comité que, por su configuración, organización, procedimiento de selección de los miembros y funcionamiento, cumpla los principios de excelencia en la ciencia, objetividad, independencia y transparencia.

Alcanzar las mayores ganancias de salud requiere que el fomento, la promoción y la protección de la salud se haga desde el riguroso conocimiento científico y con anticipación. Por eso, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, dispuso que las Administraciones sanitarias exigirían transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y a los expertos con quienes colaborasen en las actuaciones de salud pública, que sería pública la composición de los comités o grupos que evaluasen acciones o realizasen recomendaciones, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes.

La correcta composición de un comité científico o de expertos es el primer requisito para su buen funcionamiento. No obstante, el Gobierno no debe fiarlo todo a los evaluadores de riesgos, porque en ocasiones sus resultados no son conclusivos, o son erróneos o contradictorios, y sobre todo porque es al Gobierno a quien corresponde decidir. Dicho lo cual, no es buena señal que un comité científico esté integrado por políticos, ni que sus miembros sean seleccionados por sus orientaciones personales, ni mucho menos que sean anónimos. Como he dicho, no hay buena ciencia sin excelencia, objetividad, independencia y transparencia.

Sin una evaluación del riesgo sanitario que responda a criterios científicos ni puede gestionarse adecuadamente el riesgo, porque se desconoce el peligro en cuanto a su caracterización y alcance, ni puede explicarse en qué consiste la amenaza, ni pueden valorarse correctamente las alternativas de actuación.

La evaluación del riesgo es precisa para evitar que el Gobierno adopte decisiones contraproducentes basadas en la ignorancia o en el partidismo oportunista, que generen riesgos más graves que los que se tratan de afrontar. También es necesaria la evaluación porque aporta criterios técnicos para impedir la arbitrariedad del poder que está prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución. En un Estado de Derecho, incluso durante la situación excepcional de la alarma en la que nos encontramos, el Gobierno tiene el deber de actuar con objetividad conforme a criterios, persiguiendo el interés general, y su actuación es revisable por los Tribunales.

En fin, la gestión de una pandemia es una tarea muy compleja para la que se requiere prudencia y rigor. El primer paso para alcanzar un buen resultado es contar con un comité de expertos de reconocido prestigio en todos los ámbitos científicos relacionados con la pandemia correctamente conformado.