ERC pide la dimisión de dos consellers de Torra por corrupción

La pugna constante entre ERC y Junts per Catalunya ya no es noticia. En el Govern las relaciones son distantes y frías, cuando no de duro enfrentamiento; entre los partidos no se pierde la oportunidad para erosionar al adversario, y en los municipios se libra una batalla campal. En los últimos días, Puigdemont ha recrudecido sus ataques a los republicanos, Junqueras y Torra se enzarzaron en una polémica a cuenta de las elecciones, Junts per Catalunya obligó a ERC a comparecer para dar explicaciones por la pandemia en salut y bienestar social, ambas dirigidas por los republicanos, y en algunos municipios se han presentado mociones de censura por ERC para desbancar al alcalde de Junts per Catalunya.

Hasta aquí, nada fuera de lo habitual de los desencuentros entre los dos socios de gobierno que pugnan de forma constante para ganar las próximas elecciones. Las encuestas dan la victoria a los republicanos por lo que Torra y Junts per Catalunya no tienen ningún interés en adelantarlas. De hecho, Torra trata de retrasarlas lo máximo posible a la espera de “tiempos mejores” y de un candidato. Puigdemont deshoja la margarita y en el partido se libra una pugna para ocupar esta posición, a veces de malas maneras. Para enredar aún más la madeja, en el panorama político irrumpe un nuevo partido, el Partit Nacionalista de Catalunya, que agrupa a los díscolos del espacio neoconvergente que no aceptan la estrategia de enfrentamiento constante de Puigdemont y quieren emular la estrategia del PNV.

Pero, ayer la situación ha dado un giro. ERC pidió la dimisión de dos consellers de Junts per Catalunya. El motivo: corrupción. Se trata del conseller de Territori, Damià Calvet, y del conseller de Políticas Digitales y Administración Pública. Ambos aspirantes a ser el candidato de Junts per Catalunya en los próximos comicios. Y los republicanos, han pedido esta dimisión a través de una moción aprobada en el Ayuntamiento de Sant Cugat.

Sant Cugat del Vallès es el referente republicano en el área metropolitana de Barcelona. Gobernada desde 1987 por Convergència Democràtica de Catalunya, ERC se alzó con la alcaldía al frente de un gobierno de coalición con la CUP y los socialistas. Al frente, Mireia Ingla -Seu d’Urgell 1967-, una abogada de apariencia frágil que esconde firmeza y determinación y que ha sido capaz de cohesionar un gobierno municipal variopinto con prioridad en la acción municipal “no tengo que decir que soy independentista cada día”, suele comentar.

Su carácter se demostró ayer en el pleno municipal, cuando la mayoría de gobierno llevó al pleno una moción que condenaba la corrupción en el municipio tras la sentencia del Tribunal Supremo en el “Caso Palau”, ratificada por la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenó a Convergència Democràtica de Catalunya por el cobro de comisiones ilegales procedentes de contratos públicos. La moción instaba, además, al equipo de gobierno a “recuperar los posibles sobrecostes en la adjudicación de la obra del Pabellón Municipal III de la Rambla del Celler y en otras adjudicaciones de obra pública” y pedía la “asunción de responsabilidades políticas de todos los regidores de Convergència Democràtica de Catalunya del periodo afectado hasta el 2009, y pedir sus correspondientes dimisiones de las responsabilidades políticas que estén ocupando en estos momentos”. La resolución no se queda aquí. Junts per Catalunya y el PDeCAT han construido un dique de contención ante la corrupción de CDC alegando que no tienen nada que ver con el viejo partido. Este argumento fue dinamitado en la resolución porque exige “a las formaciones políticas que han sucedido a CDC, es decir el PDeCAT y JxC que asuman sus responsabilidades económicas que se derivan de la sentencia, de manera solidaria y que se devuelvan a las arcas públicas la cantidad abonada por la comisión -de la obra pública- en la suma de 167.040,76 euros”.

La petición de dimisión contó con el apoyo de ERC, CUP, PSC y Ciudadanos y afecta directamente a Calvet y Puigneró. El primero fue teniente de alcalde en Sant Cugat ocupándose de urbanismo, economía y hacienda, y el segundo fue jefe de gabinete de Lluís Recoder y llegó a ser segundo teniente de alcalde con Mercè Conesa, la exalcaldesa ahora presidenta del Puerto de Barcelona, a la que también piden una dimisión que también afectaría a Carmela Fortuny, ex alcaldesa y ahora líder de la oposición. Y un añadido, Jordi Puigneró fue presidente de la sección local de CDC en Sant Cugat hasta el año 2012.

Los decibelios del enfrentamiento entre ERC y Junts per Catalunya suben con esta resolución de forma exponencial. La petición de dimisión puede agriar todavía más las relaciones entre ambos socios en clara pugna electoral. Y encima, el Supremo puede volver a ser protagonista haciendo firme la sentencia contra Torra por incumplir la ley electoral. Se rumorea que el Supremo puede dictar la sentencia en el mes de julio, fecha en la que se convocarían elecciones de forma automática ya que en el Parlament no hay una mayoría suficiente para investir a un nuevo president.